"La seguridad del Estado no autoriza al Gobierno a hacer lo que quiera"
El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, opina que la invocación por el Gobierno de la "seguridad del Estado" no le concede "discrecionalidad para decidir lo que estime oportuno". En una entrevista concedida a EL PAÍS, Delgado Barrio afirma que la seguridad del Estado es un concepto jurídico "indeterminado" y, "por consiguiente, reglado", y defiende, asimismo, la normalidad de la comparecencia de dirigentes políticos ante los jueces en aplicación del principio de igualdad ante la ley.
En referencia a la justificación del Gobierno para no levanta...
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El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, opina que la invocación por el Gobierno de la "seguridad del Estado" no le concede "discrecionalidad para decidir lo que estime oportuno". En una entrevista concedida a EL PAÍS, Delgado Barrio afirma que la seguridad del Estado es un concepto jurídico "indeterminado" y, "por consiguiente, reglado", y defiende, asimismo, la normalidad de la comparecencia de dirigentes políticos ante los jueces en aplicación del principio de igualdad ante la ley.
En referencia a la justificación del Gobierno para no levantar el secreto de los documentos del Cesid reclamados por algunos jueces -la posible pérdida de credibilidad de los servicios secretos españoles en el concierto internacional-, el jurista aragonés, de 63 años, afirma que debe considerarse también jurídicamente, "indeterminado [ ... ] suponiendo que ese dato pueda tener alguna virtualidad". Delgado Barrio recuerda que la Constitución define la seguridad del Estado sólo como una excepción al deber de transparencia en la actuación del Gobierno.El presidente del Poder Judicial considera la presencia de jueces en las primeras páginas de los periódicos un fenómeno "inevitable", derivado de la transparencia que la Constitución atribuye a la actuación judicial.
Por otra parte, el Senado ya debatió extensamente en 1978 algunas de las cuestiones polémicas suscitadas ahora por el anteproyecto de ley de secretos oficiales preparado por el Gobierno y enviado al Consejo General del Poder Judicial para su análisis.
La Cámara alta excluyó hace 18 años la posibilidad de sanciones administrativas por revelación de secretos y estableció, casi por unanimidad, que en un Estado de derecho no puede quedar fuera del alcance del control de los jueces ningún aspecto de la actuación del Gobierno, ni siquiera cuando se trata de secretos oficiales. Páginas 16 a 18