Trabajos colectivos y arrestos de fin de semana para atajar la violencia juvenil en Euskadi

La gravedad de los disturbios protagonizados por menores de edad en las calles del País Vasco está acelerando las negociaciones entre el Gobierno central y el de Euskadi para castigar con rigor a los adolescentes violentos. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y el de Interior, Jaime Mayor Oreja, han consensuado ya con sus interlocutores del Ejecutivo autónomo, Ramón Jáuregui y Juan María Atutxa, las pautas de una reforma jurídico-penal destinada a atajar la violencia callejera. Entre la amplia gama de sanciones se estudia castigar a los menores de edad penal con internamientos, trabaj...

La gravedad de los disturbios protagonizados por menores de edad en las calles del País Vasco está acelerando las negociaciones entre el Gobierno central y el de Euskadi para castigar con rigor a los adolescentes violentos. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y el de Interior, Jaime Mayor Oreja, han consensuado ya con sus interlocutores del Ejecutivo autónomo, Ramón Jáuregui y Juan María Atutxa, las pautas de una reforma jurídico-penal destinada a atajar la violencia callejera. Entre la amplia gama de sanciones se estudia castigar a los menores de edad penal con internamientos, trabajos sociales y arrestos de fin de semana.

El catálogo de sanciones contra los violentos menores de edad será amplio y represivo. Las penas tendrán correspondencia con los daños que causen. En los contactos habidos hasta la fecha, los ministros de Interior y de Justicia y los consejeros vascos de los mismos departamentos han coincidido incluso en la necesidad de establecer, de forma categórica, la responsabilidad económica de los padres de los menores que hayan delinquido.Otra vía de penalización será la administrativa, que sancionará las conductas que, sin estar tipificadas como delito, alientan las actuaciones vandálicas. Las arengas, la incitación al empleo de la violencia y las injurias y calumnias tendrán su castigo.

Además, se acelerará la aplicación y el pago de las multas gubernativas para evitar que, como ocurre ahora, la ejecución llegue cuatro o cinco años mas tarde. Igualmente, el Gobierno central y el Ejecutivo de Vitoria juzgan imprescindible que los juicios por estos actos se resuelvan con celeridad. Página 11