Atutxa afirma que la instalación de cámaras en las calles no supone crear un estado policial

JESÚS DUVA"No se trata de crear un estado policial permanente en Euskadi", proclamó ayer el con. sejero vasco de Interior, Juan María Atutxa "Nadie puede escandalizarse de que se utilicen cámaras de vídeo" para luchar contra la delincuencia, remachó el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Ambos presentaron en Madrid el anteproyecto de ley para regular la instalación de un sistema de vídeo control en las zonas urbanas donde grupos fines a, ETA suelen provocar altercados callejeros. Asociaciones judiciales progresistas tienen dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, al que se opone I...

JESÚS DUVA"No se trata de crear un estado policial permanente en Euskadi", proclamó ayer el con. sejero vasco de Interior, Juan María Atutxa "Nadie puede escandalizarse de que se utilicen cámaras de vídeo" para luchar contra la delincuencia, remachó el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Ambos presentaron en Madrid el anteproyecto de ley para regular la instalación de un sistema de vídeo control en las zonas urbanas donde grupos fines a, ETA suelen provocar altercados callejeros. Asociaciones judiciales progresistas tienen dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, al que se opone Izquierda Unida.

El anteproyecto debe obtener el preceptivo dictamen del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial antes de ser' aprobado por el Gobierno y remitido al Parlamento. Según el presidente del Gobierno, José María Aznar, con la nueva ley se pretende 1egalizar una situación de hecho". "Si cualquiera puede grabar un vídeo en la calle, por qué no va a poder la policía", agregó.Mayor y Atutxa se esforzaron en explicar que hoy no existe ninguna regulación sobre la grabación policial de imágenes en exteriores, mientras que con la futura ley se somete este procedimiento a control administrativo y judicial.

El objetivo del nuevo texto legal, según sus redactores, es reforzar las garantías que protegen a los ciudadanos frente las nuevas tecnologías, incrementar "la seguridad jurídica" de los agentes que realizan las grabaciones y reformar algunos aspectos de la ley Corcuera para mejorar las posibilidades de sancionar a "los actores, responsables promotores" de las manifestaciones en que se produzcan actuaciones violentas. Según Atutxa, hasta ahora se padece la "jugarreta" de que no se puede actuar contra los convocantes de manifestaciones que acaban en disturbios porque detrás de ellos sólo hay organizaciones "alegales", como KAS o Jarra¡.

A partir de un guión escrito en el que se detallaba la intervención de cada uno de ellos, Mayor y Atutxa hicieron una puesta en escena en la que ambos facilitaron una prolija explicación sobre el proyecto. El ministro aseguró que éste era fruto del trabajo de ambos departamentos de Interior y anunció que mantendrá "discretos" contactos con otros partidos.

En opinión del consejero vasco, Euskadi y Navarra son las comunidades que mas padecen las algaradas, pero advirtió que este fenómeno "se extiende como una mancha de aceite". La instalación de cámaras fijas en zonas de alto riesgo debe ser autorizada por el Ministerio del Interior o la Consejería vasca de Interior. Esta operación estará bajo control previo de una comisión presidida por un magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior del País Vasco. Los ciudadanos serán "advertidos expresamente", a través de la prensa u otros medios, de los lugares sometidos a vigilancia permanente.