El Gobierno tendrá que utilizar una excepción para poder privatizar el 10% de Repsol este año

El ministro de Industria, Josep Piqué, se encuentra con un obstáculo para llevar a cabo una nueva privatización de Repsol este año. De acuerdo con el folleto de la última colocación de Repsol, la opción de lanzar otra oferta pública de venta (OPV) sobre el 10% de capital que todavía tiene el Estado no puede hacerse antes del 5 de febrero de 1997, un año después de la anterior. Si el Gobierno decide una privatización rápida, debe negociarlo con los aseguradores y ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o vender directamente a accionistas que demuestren su vocació...

El ministro de Industria, Josep Piqué, se encuentra con un obstáculo para llevar a cabo una nueva privatización de Repsol este año. De acuerdo con el folleto de la última colocación de Repsol, la opción de lanzar otra oferta pública de venta (OPV) sobre el 10% de capital que todavía tiene el Estado no puede hacerse antes del 5 de febrero de 1997, un año después de la anterior. Si el Gobierno decide una privatización rápida, debe negociarlo con los aseguradores y ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o vender directamente a accionistas que demuestren su vocación de permanencia, una excepción que contempla el citado folleto.

El programa -declaración de intenciones- de privatización está en una fase atropellada y confusa, en la que las buenas intenciones sobre la venta de participaciones del Estado se confunden con las posibilidades reales. A pesar de las múltiples declaraciones sobre "privatización total", lo cierto es que el Gobierno actual recurre a la empresa más fácil de vender, en función de su excelente reputación para inversores extranjeros, nacionales o "con vocación de permanencia". El 10% del Estado está valorado hoy en Bolsa en unos 140.000 millones de pesetas.Pero ejecutar en 1996 la venta de la participación del Estado en Repsol presenta algunas dificultades. De hecho, Piqué y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) tienen tres opciones:

> Esperar a que se cumpla el plazo marcado por las condiciones de la última OPV, que finaliza el próximo 5 de febrero. El párrafo 11. 12.3.2 del folleto presentado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) establece que la SEPI se compromete a no emitir acciones en los 365 días siguientes a la fijación del precio de colocación. De esta condición se exceptúan "las posibles ventas a inversores institucionales determinados que manifiesten su intención de mantener establemente su participación en la compañía".

Convertir en válida la excepción y negociar la venta del 10% a inversores estables -vulgarmente conocidos como "núcleos duros"- Esta opción implica que el total de la participación del Estado se ofrecería en primer lugar a los accionistas estables hoy (BBV, la Caixa, Pemex). Josep Piqué sugirió recientemente esta posibilidad, cuando aludió al probable ofrecimiento de las acciones a BBV, la Caixa y Pemex.

Negociar con el sindicato asegurador el levantamiento del plazo exigido. Las entidades aseguradoras principales de la última colocación son la Confederación Española de Cajas de Ahorro, el Banco Popular, el Banco Urquijo, Bilbo Bizkaia Kutxa, Mercavalor SVB y Banesto.

Pero adelantar el plazo, la última opción, puede ser inconveniente para los intereses del Estado y de Repsol. El éxito de las colocaciones del grupo se ha fundamentado siempre en un respeto escrupuloso hacia los accionistas o futuros compradores y, además, en un conocimiento muy exacto de los mercados o de los mejores momentos para colocar las emisiones.