El Ejecutivo modificará "en su momento" la Ley de Secretos Oficiales

Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, dijo ayer que el Ejecutivo modificará "en su momento" la Ley de Secretos Oficiales, criticada por el Defensor del Pueblo Fernando Álvarez Miranda en el informe sobre la actividad de esta institución durante 1995, informa Europa Press. En dicho informe, se aseguraba que la Ley de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional (data de 1968) modificada en 1984, podía vulnerar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución porque "no respeta ni el deber de colaboración con la Justicia ni permite ...

Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, dijo ayer que el Ejecutivo modificará "en su momento" la Ley de Secretos Oficiales, criticada por el Defensor del Pueblo Fernando Álvarez Miranda en el informe sobre la actividad de esta institución durante 1995, informa Europa Press. En dicho informe, se aseguraba que la Ley de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional (data de 1968) modificada en 1984, podía vulnerar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución porque "no respeta ni el deber de colaboración con la Justicia ni permite el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales".En sus declaraciones, Álvarez Cascos matizó que el hecho de que la norma pueda ser perfeccionable no puede servir como argumento para justificar "escándalos de la pasada Legislatura". En referencia a las reflexiones sobre la Ley contenidas en el último informe del Defensor del Pueblo, el vicepresidente primero señaló que "deben ser escuchadas". De hecho, dijo que "hay ya una serie de cuestiones en las que se puede prefigurar una amplia coincidencia". Por lo tanto", agregó, "eso da pie a pensar que hay muchos puntos en común que pueden permitir que, en su momento se pueda avanzar en esa dirección".

Álvarez Miranda había recomendado que la nueva redacción de la Ley tuviera en cuenta el derecho de los ciudadanos a usar las pruebas pertinentes para su defensa, sin dejar zonas de inmunidad fuera del ámbito judicial.

Con estas críticas, el Defensor del Pueblo daba la razón al juez Baltasar Garzón en la reclamación que planteó al Gobierno para que le entregara los papeles del CESID referidos a la guerra sucia contra ETA. Trasladada la petición al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, éste falló que el Gobierno tiene la competencia para entregar o no dichos documentos a los jueces. Respecto a la (decisión del Gobierno de no desclasificar aún los papeles del CESID, Álvarez Cascos dijo ayer: "es una decisión sometida a una serie de factores de naturaleza jurídica".