El Defensor del Pueblo dice que la Ley de Secretos Oficiales es anticonstitucional

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, afirma, en el informe sobre la actividad de la institución en 1995, que la Ley de Secretos Oficiales (1968) puede vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución: "No respeta ni el deber de colaboración con la Justicia ni permite el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales". Por ello ha solicitado al Parlamento que la cambie y en su nueva redacción tenga en cuenta el derecho de los ciudadanos a utilizar las pruebas pertinentes para su defensa, sin dejar zonas de inmunidad fuera del ámbito ju...

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, afirma, en el informe sobre la actividad de la institución en 1995, que la Ley de Secretos Oficiales (1968) puede vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución: "No respeta ni el deber de colaboración con la Justicia ni permite el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales". Por ello ha solicitado al Parlamento que la cambie y en su nueva redacción tenga en cuenta el derecho de los ciudadanos a utilizar las pruebas pertinentes para su defensa, sin dejar zonas de inmunidad fuera del ámbito judicial.

Con esta toma de postura el Defensor del Pueblo da la razón al juez Baltasar Garzón en la reclamación que planteó al Gobierno para que le entregara los papeles del Cesid referidos a la guerra sucia contra ETA. El Ministerio de Defensa trasladó la petición del juez al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción quien falló que el Gobierno es quien tiene la competencia de entregar o no a los jueces la documentación requerida. El Gobierno de Felipe González se amparó en esta resolución para no facilitar la información solicitada por Garzón.A diferencia de informes anteriores, Alvarez de Miranda ofrece una versión globalizada de su gestión, permitiendo una lectura continua, sin las fracturas producidas por las referencias a quejas concretas. Este informe será debatido en las Cortes en septiembre. A partir de esta fecha, el Gobierno dispone de tres meses para responder a las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Álvarez de Miranda ha querido evitar que se hagan lecturas parciales del informe y destacar la tarea genérica de la institución, una labor vertebrada este año en torno al tratamiento monográfico de temas de impacto social: los secretos oficiales, la situación de los emigrantes en Ceuta, la insumisión, la protección de datos personales, el consumo de alcohol por menores, las llamadas telefónicas internacionales, la desertificación en La Mancha occidental y la regulación municipal de los aparcamientos.

EMIGRANTES AFRICANOS

Los sucesos provocados por la hacinación de inmigrantes africanos en Ceuta, reproducidos la pasada semana en Melilla, revelan la angustia de quienes aspiran a instalarse en una Europa "fortificada" y la indefinición jurídica de sus protagonistas. Álvarez de Miranda pide a las autoridades que busquen fórmulas para evitar la indigencia en la que viven y se coordinen mejor con el fin de acelerar la tramitación jurídica de las peticiones de inmigración o asilo. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del Defensor para que se preste asistencia jurídica gratuita a los emigrantes, sean o no residentes legales en España.

Fórmulas contra la indigencia

El Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) le pidió su mediación para modificar la Ley de Objeción de Conciencia y evitar el encarcelamiento de los insumisos. Alvarez de Miranda responde que es el Parlamento quien debe dar la respuesta. Sin embargo, a la luz de las tendencias hacia la profesionalización del servicio militar, le parece excesivamente dura la criminalizaclón de objetores e insumisos.

INSUMISIÓN

Son numerosas las quejas de los ciudadanos por el uso que hacen de sus datos personales entidades públicas y privadas, en particular los bancos. Se muestra en desacuerdo con el criterio de la Agencia de Protección de Datos de que se ofrecen garantías sobre su control, cuando piden el consentimiento para emplearlos en fines ajenos a los que motivaron su entrega. El Defensor denuncia la ausencia de mecanismos que garanticen este control.

Evitar la criminalización

Se sorprende el Defensor de los numerosos casos de intoxicación etílica entre menores. En algunas ocasiones se ha llegado a la hospitalización tras sufrir comas etíliicos. Le llama la atención la convocatoria de consursos de bebidas que hacen algunos establecimientos hoteleros y los premios en forma de consumiciones gratuitas. Al profundizar en este tema ha detectado que la profusión de normas autonómicas provoca el desplazamiento de los jóvenes a comunidades autónomas vecinas, donde la ley es más flexible. Para acabar con estas prácticas, Álvarez de Miranda pide la armonización legal y la adopción de medidas para abolir estas prácticas perjudiciales para la salud de los menores.

PROTECCIÓN DE DATOS

La mediación del Defensor puso fin años atrás a un próspero negocio mediante llamadas a teléfonos con prefijos 903. Algunas empresas se han recurrido al truco de las llamadas internacionales con prefijo 07. Las reclamaciones por exceso de facturación no se han hecho esperar y piden al Defensor que Telefónica mediatice el acceso a estas llamadas de signo pornográfico o party line. La compañía ha respondido que mientras las centrales telefónicas no sean digitales es difícil controlar este acceso. Pese a ello, el Defensor pide a la Secretaría General de Comunicaciones y a Telefónica que facilite la desconexión gratuita a aquellos abonados que lo soliciten.

Consentimiento de uso

La extracción desmedida de agua para regadíos ha creado un serio problema medioambiental en La Mancha, hasta el punto de modificar el nacimiento del Guadiana. Ya no nace en Los Ojos del Guadiana. Están secos por los 16.000 -2.300 ilegales- pozos de captación de agua a un ritmo que ha originado un déficit de 4.000 hectómetros cúbicos y la desertificación galopante de La Mancha occidental. Los acuiferos están abocados a su extinción a no ser, según el Defensor, que se proceda a un trasvase y se implante un modelo de gestión única y eficiente de los recursos hídricos.

ALCOHOL Y MENORES

Admitida la dificultad de los Ayuntamientos para regular el tráfico y el envío de las notificaciones por infracciones, el Defensor considera que, cuando se incumple el pago del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos (ORA, OLA, AREA, OTA ... ), si el vehículo está correctamente aparcado, no debe ser retirado por la grúa en tanto no hayan pasado 24 horas desde que se formula la denuncia.

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