La firma Coopers acusa a Ernst de competencia desleal por contratar a 91 de sus empleados

, La sociedad de auditoría y consultoría Coopers & Lybrand (C & L) ha presentado una demanda contra la auditora Ernst & Young (E & Y) por presunta vulneración de la Ley de Competencia Desleal, cometida el pasado mes de noviembre cuando E & Y fichó, en una operación relámpago, a 6 socios, 80 profesionales de apoyo y 5 secretarias de C & L. La demanda inicia una causa legal sin precedentes en las relaciones profesionales de las auditoras, en cuanto que argumenta competencia desleal en un caso de contratación masiva de directivos: traslado en bloque de la división de consultoría de C & L a E & Y....

, La sociedad de auditoría y consultoría Coopers & Lybrand (C & L) ha presentado una demanda contra la auditora Ernst & Young (E & Y) por presunta vulneración de la Ley de Competencia Desleal, cometida el pasado mes de noviembre cuando E & Y fichó, en una operación relámpago, a 6 socios, 80 profesionales de apoyo y 5 secretarias de C & L. La demanda inicia una causa legal sin precedentes en las relaciones profesionales de las auditoras, en cuanto que argumenta competencia desleal en un caso de contratación masiva de directivos: traslado en bloque de la división de consultoría de C & L a E & Y. Ésta figura por debajo de Coopers en facturación total y en consultoría en particular.

La suerte está echada. La firma Coopers & Lybrand presentó ayer una demanda contra Ernst &Young S A, su filial Ernst & Young Consultores y, en calidad de codemandados, contra los seis socios que abandonaron Coopers el pasado mes de noviembre por supuesta vulneración de la Ley 3191 de Competencia Desleal, específicamente en aplicación de los artículos 5°, 13° y 14° de dicha Ley. Así, C & L traslada a los tribunales el caso, que entiende como grave conflicto profesional. Se trata del fichaje, por parte de E & Y, de 6 socios, 80 profesionales y 5 secretarias.Los socios que abandonaron Coopers & Lybrand el pasado 15 de noviembre -según la versión de Ernst & Young, después de proponer un proceso de negociación para su salida- son José Ramón Magarzo, director de la división de consultoría; Juan Mateo, director de Recursos Humanos; José Luis Cayuela, responsable de consultoría financiera; Félix Delgado, José Golderos y Francisco J. Cañada, encargados del área informática.

El traslado en bloque de 91 profesionales desde una firma a otra competidora es un acontecimiento sin precedentes en España. La demanda civil presentada ayer, igualmente, no tiene precedentes en el ámbito profesional español y pretende que los jueces deslinden cuáles son los limites de la actuación profesional en lo que se refiere a fichajes, captación de profesionales y probables trasvases de know how (sistemas de gestión e información).

La posición de Coopers es que "ha existido un ataque premeditado por parte de Ernst & Young para desmembrar su división de consultoría, es decir, para desmantelar la actividad de un competidor; esta conducta es objetivamente contraria a las prácticas profesionales comunes". Esta tesis es la que se desarrolla y fundamenta la demanda. Fuentes de Ernst informaron ayer a EL PAÍS, antes de conocer la existencia de la demanda, que "no ha existido vulneración alguna de la ley".

Para completar la singularidad de la demanda, el equipo legal del demandante pide que se adopten con carácter inmediato "medidas cautelares", encaminadas a que E & Y "se abstenga de contratar personal [de Coopers] y de contactar con sus clientes", según informaron fuentes autorizadas. Si estas cautelas son admitidas, los socios deberían regresar a Coopers "mientras los tribunales determinan si la operación es legal o no".

La demanda está fundamentada en el perjuicio causado a la división de consultoría de C & L por la contratación de los seis socios de la división de consultoría de la firma por parte de E & Y. Estos perjuicios se centran en la pérdida de contratos, pérdida de proyectos en curso al desaparecer los profesionales que los ejecutaban -Coopers ha tenido que renunciar, por ejemplo, al contrato con Aeropuertos Nacionales-, disminución de credibilidad y pérdidas económicas muy cuantiosas que se están calculando.

El requerimiento dé los demandantes, como compensación a los problemas suscitados es que: a) E & Y cese en su "ataque desleal" y paralice su proyecto de formación de un grupo de consultoría -cuyos costes en recursos humanos se evalúan en unos 1.000 millones- con los profesionales contratados en C & L; b) se haga público lo que se considera "acto desleal" por parte de E & Y y c) que los demandados paguen los daños y perjuicios derivados de la operación, que se están evaluando.

La fundamentación jurídica de la demanda se puede resumir en los siguientes puntos:

El texto considera que la conducta E & Y puede tipificarse como inducción desleal a la infracción de contrato, a la que sería aplicable el artículo 5° de la Ley de Competencia Desleal.

Los seis socios que han abandonado C & L lo han hecho, según el demandante, de forma precipitada y sin respetar el plazo de preaviso pactado por contrato. En el pacto de sindicación firmado por todos los socios de la compañía se establece que los socios podrán dejar la firma con un preaviso de tres meses, con el fin de evitar situaciones de filtración de información y colisión de intereses. Fuentes de Ernst dicen que "los compromisos de los socios contratados es un asunto privado que desconocemos".

La demanda quiere demostrar que demandados y codemandados tuvieron conductas ilicitas de sustracción y divulgación no autorizada de secretos empresariales (artículos 13° y 14° de la Ley de Competencia) y han cometido actos denigratorios para restar la capacidad profesional de C & L. Este argumento está fundado en que en el ámbito profesional de la auditora la formación profesional y la información sobre el cliente son, la parte de valor añadido del negocio. La división de consultoría de C & L, ahora mudada a E & Y; aumentó la facturación de esta rama desde 600 millones anuales a 2.600 en apenas 5 años.