El 'papelito' del director general

De la avaricia recaudatoria de Luis Roldán, en su relación con las constructoras que recibían adjudicaciones de obras de la Guardia Civil, dan fe algunos miembros de este cuerpo, quienes coinciden en recordar su extrañeza el día de la firma con la empresa adjudicataria. Roldán, a la vez que sacaba la pluma para firmar en nombre del instituto armado, sacaba un papelito del bolsillo superior de la americana y, mirando fijamente al constructor, le preguntaba en presencia de sus asistentes y los generales presentes en la firma protocolaria: "Entonces, el monto total de esta obra es de...". Tras la...

De la avaricia recaudatoria de Luis Roldán, en su relación con las constructoras que recibían adjudicaciones de obras de la Guardia Civil, dan fe algunos miembros de este cuerpo, quienes coinciden en recordar su extrañeza el día de la firma con la empresa adjudicataria. Roldán, a la vez que sacaba la pluma para firmar en nombre del instituto armado, sacaba un papelito del bolsillo superior de la americana y, mirando fijamente al constructor, le preguntaba en presencia de sus asistentes y los generales presentes en la firma protocolaria: "Entonces, el monto total de esta obra es de...". Tras la solícita respuesta del constructor, Roldán anotaba aplicadamente el importe en el papelito. Los que asistieron a vanos de estos actos creían que el director general apuntaba los importes porque quería llevar un control personal del volumen de gasto en obras al que se comprometía el cuerpo. La realidad demuestra que lo que Roldán controlaba era el pago de las comisiones que negociaba por su cuenta con los constructores. Roldán mantenía sus contactos con los constructores a menudo en su domicilio particular de la calle de Platerías, de Madrid, ya que no ocupaba los generosos 800 metros cuadrados de pabellón privado que el director general posee en la sede central del instituto. La vivienda de Roldán fue barrida por Francisco Álvarez, inculpado en el caso GAL.

La juez instructora del caso Roldán, Ana Ferrer, acusó al ex director de la Guardia Civil de haberse apropiado de 1.187 millones de pesetas durante los siete años de ejercicio del cargo. De ellos, Se ha demostrado hasta ahora que unos 780 millones son comisiones por adjudicaciones de obras por 27.863 millones.