El consejo audiovisual de Francia exige el fin de la contraprogramación
El director del Conseil Superieur de l' Audiovisuel (CSA), Hervé Bourges, ha convocado a los responsables de las distintas cadenas francesas que operan bajo su control para exigirles que cada una de ellas establezca unos principios deontológicos, entre ellos el fin de las prácticas de contraprogramación.
Las exigencias no son las mismas para los canales privados que para los públicos y afectan tanto a cuestiones de estricta ética informativa, como de protección de la infancia -la violencia o el sexo explícito quedan restringidas a ciertos horarios-
Los nueve miembros del CSA ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El director del Conseil Superieur de l' Audiovisuel (CSA), Hervé Bourges, ha convocado a los responsables de las distintas cadenas francesas que operan bajo su control para exigirles que cada una de ellas establezca unos principios deontológicos, entre ellos el fin de las prácticas de contraprogramación.
Las exigencias no son las mismas para los canales privados que para los públicos y afectan tanto a cuestiones de estricta ética informativa, como de protección de la infancia -la violencia o el sexo explícito quedan restringidas a ciertos horarios-
Los nueve miembros del CSA tienen poder de sanción: pueden destituir a los presidentes de los canales públicos, suprimir programas o incluso retirar frecuencias si se trata de canales privados. Además pueden multar a las televisiones que no respeten sus compromisos.
El 12 de abril de 1993, La 5 berlusconiana dejó de emitir en Francia. El CSA no aceptó sus demandas, que incluían el insertar un segundo corte publicitario en las películas, ni la modificación de las horas de producción propia. La 5 había sido multada en varias ocasiones, recibiendo en 1989 una sanción récord de 60 millones de francos (1.050 millones de pesetas de la época). TF1, también privada, fue castigada en 1993 con una multa de 30 millones de francos (740 millones de pesetas) por "pirateo intelectual" por plagiar una emisión de la televisión pública.
El CSA exige que la información sea auténtica -en caso de falsedad impone rectificaciones y garantiza el derecho de réplica-, asegura la igualdad de acceso a las ondas durante las campanas electorales y pide ahora que se incluya dentro de la "ética de la información" el desterrar la práctica de la contraprogramación", es decir, de los cambios no justificados de programación o la falta de respeto de los horarios anunciados.
Los nueve miembros del CSA son nombrados por los presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional.