"Lo lógico es que una parte no resuelva el contencioso"

El Gobierno cree que la ley no permite a Baltasar Garzón resolver el conflicto de competencias sobre los papeles del Cesid al ser una parte del mismo, aseguró ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, en relación con el escrito presentado por Defensa ante el Supremo para formalizar el conflicto de jurisdicción. Pérez Rubalcaba argumentó, al finalizar el Consejo de Ministros, la defensa del texto del ministerio en que "lo lógico es que una parte no resuelva el conflicto, sino que sea un tribunal superior, que es justamente el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que está p...

El Gobierno cree que la ley no permite a Baltasar Garzón resolver el conflicto de competencias sobre los papeles del Cesid al ser una parte del mismo, aseguró ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, en relación con el escrito presentado por Defensa ante el Supremo para formalizar el conflicto de jurisdicción. Pérez Rubalcaba argumentó, al finalizar el Consejo de Ministros, la defensa del texto del ministerio en que "lo lógico es que una parte no resuelva el conflicto, sino que sea un tribunal superior, que es justamente el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que está para eso, para arbitrar una solución cuando, como es el caso, hay una discrepancia entre la Administración del Estado y el Juzgado número 5". Respecto a la acusación de Garzón de que el Gobierno pretende consumar un auténtico fraude de ley al negarle los papeles, el ministro de la Presidencia manifestó que "el señor Garzón puede opinar lo que quiera". "Será el tribunal el que dirá cuál de las dos partes tiene razón. El Gobierno tiene una discrepancia con una interpretación de la Ley de Secretos Oficiales con el juez Garzón y entendemos que la discrepancia entre dos administraciones la resuelve un tribunal, creado para resolver esas discrepancias".

Federico Trillo, del PP, replicó que la posición del Gobierno revela su "descarada, tendencia" a negarse a colaborar con la Justicia. Por su parte, Diego López Garrido, de IU, declaró que el conflicto de jurisdicción planteado por el Ejecutivo respecto a Garzón "constituye un error absoluto porque no existe un conflicto de competencias".