La Corte de Londres obliga a De la Rosa a revelar a quién dio 55.000 millones de Torras

La Corte Comercial de Londres ha dictado una resolución que obligará a Javier de la Rosa a presentar la documentación completa sobre las transferencias de 540 millones de dólares (unos 55.000 millones de pesetas de 1990) que realizó cuando era máximo ejecutivo en España del Grupo Torras-KIO. Entre 1990 y 1992 este dinero desapareció de las arcas de la empresa con destino a diferentes cuentas bancarias en Suiza y otros paraísos fiscales. Ahora, los nuevos responsables de KIO reclaman ese dinero a De la Rosa y sus colaboradores. La última decisión de los tribunales británicos coloca a De la Rosa...

La Corte Comercial de Londres ha dictado una resolución que obligará a Javier de la Rosa a presentar la documentación completa sobre las transferencias de 540 millones de dólares (unos 55.000 millones de pesetas de 1990) que realizó cuando era máximo ejecutivo en España del Grupo Torras-KIO. Entre 1990 y 1992 este dinero desapareció de las arcas de la empresa con destino a diferentes cuentas bancarias en Suiza y otros paraísos fiscales. Ahora, los nuevos responsables de KIO reclaman ese dinero a De la Rosa y sus colaboradores. La última decisión de los tribunales británicos coloca a De la Rosa en la disyuntiva de revelar los nombres de los titulares de las cuentas o incumplir la orden del juez.

La sentencia del juez británico encargado del caso, que se ha comunicado a las partes pero no es pública, rechaza los argumentos de la defensa de De la Rosa y acepta la petición de los abogados de Torras-KIO, la firma Bakerand McKenzie. La resolución del tribunal da paso a una fase definitiva en la resolución del caso. Se trata del procedimiento conocido como disclosure (literalmente revelación), que obliga al demandado a presentar ante el tribunal toda la documentación y aclaraciones necesarias para revelar a los reclamantes las identidades y el destino de todo el dinero reclamado. Para que esto suceda, el juez debe fijar la fecha definitiva de presentación de la información, lo que se espera que ocurra en los próximos días, según informan fuentes jurídicas conocedoras del caso.En ese momento, si De la Rosa decidiera no atender la demanda del juez, lo que en el lenguaje jurídico inglés se conoce como contempt, el tribunal podría optar por imponerle una sanción o convertir en definitivo el embargo preventivo por 500 millones de dólares que dictó contra él en septiembre del año pasado.

Para De la Rosa la disyuntiva no es nada cómoda. Desde que abandonó la prisión, en febrero de este año, ha estado enviando mensajes a personas con las que tuvo relaciones empresariales en el pasado para presionar en la línea de conseguir la paralización de la instrucción del caso en Londres. De la Rosa, o sus mensajeros, apoyaba esos mensajes con el argumento de que la revelación del destino final del dinero podría acarrear problemas para los receptores de la misiva.

Su principal argumento público para justificar la evaporación de tan gran cantidad de dinero ha sido siempre que al ordenar las transferencias bancarias obedecía órdenes del ex presidente de KIO, el jeque Fahad Mohammed Al Sabah. Una explicación que pareció poco convincente al juez Mance, instructor del caso, cuando los abogados de KIO presentaron pruebas de que la principal transferencia investigada, una de 101 millones de dólares (unos 10. 100 millones de pesetas de la época), fueron a parar a la cuenta 102050.50 de la sucursal de Ginebra (Suiza) del Bankers Trust, cuyo titular era el propio De la Rosa.

Los representantes del grupo árabe tuvieron constancia de ello gracias a una demanda contra De la Rosa presentada en Nueva York por su primo Javier de la Rosa Maura. El demandante indicaba que De la Rosa también utilizó esa cuenta para la compra de acciones de, empresas participadas de Torras, como el grupo Ercros, a fin de obtener beneficios con el uso de información privilegiada.

Como consecuencia de este hallazgo, los abogados de KIO solicitaron a la Corte de Londres que ordenara el embargo preventivo de los bienes de De la Rosa por 500 millones de dólares.

Pero el interés de los demandantes se centra ahora en conocer el destino de otras importantes partidas de dinero. Una de ellas es la de 80 millones de dólares (8.000 millones de pesetas) a la Société Générale Alsacienne de Banque (Sogenal). Otro caso parecido es el de los 75 millones de dólares transferidos a la Lombard Odier.

El proceso de Londres se inició en abril de 1993, cuando los nuevos responsables de Torras-KIO presentaron una demanda civil contra De la Rosa, su asesor financiero, Miguel Soler; sus abogados, Juan José Folchi y Juan Piqué Vidal, y su socio Narciso de Mir, entre otros. A medida que el caso ha ido avanzando han crecido las dificultades para De la Rosa y sus amigos. Recientemente, la firma de abogados Peters and Peters, encargada de la defensa de De la Rosa, De Mir y Soler, comunicó a los dos últimos que no podría seguir asumiendo su defensa porque podría entrar en conflicto con los intereses del primero.