La polémica sobre la 'deuda heredada' de los socialistas y se ahoga en la confusión

La polémica entre el PSOE y PP a cuenta de la deuda oculta -300.000 millones de pesetas-, que los populares dicen haber descubierto en las comunidades y ayuntamientos donde antes gobernaban los socialistas, se ahoga en la confusión. Los expertos independientes consultados por este periódico aseguran que no es posible conocer la cifra de la deuda por obligaciones contraídas al margen del presupuesto, que el PP calificaba de "agujero". Lo que sí es posible determinar es la deuda no financiera presupuestada, que el Banco de España valora en algo más de un billón de pesetas para todas las comunida...

La polémica entre el PSOE y PP a cuenta de la deuda oculta -300.000 millones de pesetas-, que los populares dicen haber descubierto en las comunidades y ayuntamientos donde antes gobernaban los socialistas, se ahoga en la confusión. Los expertos independientes consultados por este periódico aseguran que no es posible conocer la cifra de la deuda por obligaciones contraídas al margen del presupuesto, que el PP calificaba de "agujero". Lo que sí es posible determinar es la deuda no financiera presupuestada, que el Banco de España valora en algo más de un billón de pesetas para todas las comunidades y en 205.000 millones para los municipios.

Junto a la crítica por la falta de rigor de los populares en sus acusaciones, los expertos valoran el toque de atención a las administraciones públicas que con esta denuncia dan el PP sobre el exceso de deuda no financiera, y que podría favorecer una austeridad necesaria.En la primera reunión de su ejecutiva nacional tras las vacaciones veraniegas, el Partido Popular denunció una herencia oculta de 300.000 millones de pesetas en la gestión socialista en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Aragón y Murcia, así como en algunos ayuntamientos, especialmente el de Zaragoza. Sin embargo, los expertos consultados creen que no es posible evaluar las "deudas ilegales" de obligaciones contraídas al margen del presupuesto en comunidades y municipios. Por su parte, Fernando Bécker, coordinador de la Política Territorial del PP, admite que la cifra de 300.000 millones no es firme. "Es una estimación, una primera aproximación", manifestó a este diario.

Los expertos consultados opinan que la deuda ilegal "está relativamente extendida en municipios, pero en cantidades previsiblemente pequeñas". Otra cosa son las obligaciones reconocidas pendientes de pago, no financieras. El Banco de España las estima en algo más de un billón de pesetas para las comunidades y en 205.000 millones para los ayuntamientos, y se concentran en proveedores, servicios y constructoras. Los expertos critican el escaso rigor de la denuncia del Partido Popular, en la medida que la cifra de 300.000 millones no está desagregada por conceptos.

Estimular la austeridad

Tampoco matiza esa deuda los cobros pendientes, que en el caso de los municipios asciende a la sustancial cifra de 400.000 millones de pesetas, según el Banco de España. No obstante, los expertos consideran positivo el toque de atención que supone la denuncia del PP sobre los excesos de la deuda no financiera acumulada en el pasado, en la medida que contribuirá a estimular la austeridad presupuestaria para el futuro.El propio ministro para las Administraciones Públicas, Joan Lerma, reconoce que debe existir un compromiso en todas las comunidades y municipios para reducir el déficit público "con el fin de entrar de lleno en los objetivos de Maastricht, que son los que crean empleo y proporcionan un crecimiento sostenido".

Los expertos distinguen la situación de las comunidades y la de los municipios en cuanto a obligaciones pendientes de deuda. Consideran que las autonomías se exceden en el uso de las obligaciones pendientes y de la deuda financiera a corto plazo, reflejado en el indicador de liquidez -remante de tesorería o fóndo de maniobra-, que arroja signo negativo.

En su opinión, este exceso no debe dramatizarse en la medida que las administraciones públicas están mejorando su situación financiera de forma sustancial desde 1992, gracias al control del déficit no financiero. La fecha de 1992 es "mágica", en su criterio. Hasta entonces hubo una etapa de expansión en la que todas las administraciones públicas, la mayoría gobernadas por los socialistas, se embarcaron en numerosas inversiones. Los expertos explican que las administraciones estaban más preocupadas por invertir que por la manera de financiar tales inversiones. No obstante, la diferencia de comportamiento entre las comunidades autónomas y los municipios, respecto a la deuda no financiera, es notable, porque los ayuntamientos tienen prohibido liquidar el presupuesto con remanente negativo tras la aprobación de la Ley de Haciendas Locales en 1988.

Según Consultores de las Administraciones Públicas, las comunidades autónomas no tienen un remanente regulado legalmente. Además, sus intensas necesidades de financiación de años pasados condujeron en ocasiones a situaciones de falta de rigor presupuestario y a problemas para endeudarse a largo plazo. Por si fuera poco, el sistema financiero español tiene un sesgo en favor de la inversión a corto plazo difícilmente eludible. El resultado es el de un indicador de liquidez negativo muy abultado, con un creciente deterioro hasta 1992 y con tendencia a mejorar desde entonces.

"Un cierto desorden"

El signo político apenas influyó en la etapa de las grandes inversiones, en el comportamiento de las comunidades, entonces gobernadas mayoritariamente por el PSOE. Si bien Galicia y Baleares (ambas PP) reflejan índices bajos de deuda no financiera -8,3% y 13,9%, respectivamente-, Castilla y León (también PP) se sitúa en la media, con un 18,7%. Fernando Bécker, Coordinador Territorial del PP, admite que la situación, respecto a la deuda no financiera, no es dramática. "Lo que ha sucedido es que hemos detectado un cierto desorden, algunos desequilibrios entre ingresos y gastos. Pero nuestro planteamiento es positivo y no tiene ningún ánimo de revanchismo".El ministro para las Administraciones Públicas, Joan Lerma, manifestó el miércoles pasado en Valladolid que a la hora de analizar la deuda acumulada por las comunidades no se puede globalizar, y se mostró partidario de "entender la situación particular de cada una de ellas".