Los españoles piensan que es deber del Gobierno ayudar a cada ciudadano a resolver sus problemas
La mayoría de los españoles, (58,91%) atribuye al Gobierno la responsabilidad del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas. Para esa mayoría, la igualdad social es hoy un valor más importante que la libertad individual, según muestra una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada entre los días 4 y 18 de abril a un total de 4.000 entrevistados. Para el 44% de ellos, las desigualdades sociales han aumentado en España en los últimos diez años, aunque las cosas han mejorado en general.
Los españoles han...
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La mayoría de los españoles, (58,91%) atribuye al Gobierno la responsabilidad del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas. Para esa mayoría, la igualdad social es hoy un valor más importante que la libertad individual, según muestra una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada entre los días 4 y 18 de abril a un total de 4.000 entrevistados. Para el 44% de ellos, las desigualdades sociales han aumentado en España en los últimos diez años, aunque las cosas han mejorado en general.
Los españoles han ido girando el sentido de su voto hacia el centro-derecha, pero siguen mostrando un perfil sociológico de centro-izquierda. No sólo se trata de que valoren más en este momento la igualdad social (57%) que la libertad individual (21%), lo que puede responder a que no ven en peligro las libertades, sino que aspiran a reformas profundas (46%) y a mejoras con pequeños cambios (31%), aunque sin llegar a tras formaciones radicales.Casi la mitad de los consultados siguen considerando la igualdad y la solidaridad como valores propios de la izquierda, y la tradición y el orden como valores de la derecha. Pero la divisoria se difumina cuando se trata de la eficacia -el 25,3% la identifica con la izquierda y el 22,7% con la derecha- y de la honradez 25,1% la asocia con la izquierda y el 16,7% con la derecha.
Las deficiencias de una si tuación política considerada claramente mala (38%) o regular (32%) no son endosadas a la democracia ni a la presencia en la Unión Europea, aunque sean más los que aprecian perjucios (28%) que beneficios (26%) en la pertenencia a la UE. Por tan to, las responsabilidades apuntan al Gobierno, en consonancia además con las amplias obligaciones que la mayoría atribuye a los gobernantes, sean de izquierdas o derechas.
Nada menos que el 58% de los españoles considera que el Gobierno es "responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos" y le atribuye "la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas". Quienes defienden que son los propios ciudadanos los verdaderos responsables de su bienestar y deben valerse por sí mismos para solucionar sus di ficultades no llegan al 11% de toda la población.
Para la mayoría absoluta (54%), nuestra democracia tiene muchos defectos, pero funciona aceptablemente. bien, aunque para una de cada tres personas consultadas la democracia española funciona bastante mal. Para dos de cada tres españoles la democracia es preferible a cualquier otro sistema. Una nítida elección que bastantes encuestados (41%) compatibilizan con la opinión de que "el franquismo fue un periodo que tuvo cosas buenas y malas". Un 9,8% considera incluso preferible una dictadura a una democracia "en algunas circunstancias".
El 46% de los encuestados coincidió en que, en términos generales, las cosas han mejorado en España desde que gobiernan los socialistas, pero casi el mismo porcentaje (44%) juzga que en los últimos diez años, bajo gobiernos del PSOE, han aumentado las desigualdades sociales. La opinión es casi unánime (86%) respecto a que han mejorado las carreteras y las obras públicas, y es mayoritaria (68%) sobre la mejora de los servicios sociales para la tercera edad, los minusválidos y marginados, así como de la sanidad y la enseñanza. En cambio, lo que se aprecia que más ha empeorado es la economía (64%), la seguridad ciudadana y la vivienda.
Casi todo el mundo reconoce que los impuestos son necesarios para poder prestar servicios públicos, pero en cambio hay una enorme división de opiniones respecto a que esos impuestos sean proporcionales a los servicios obtenidos.
Al enjuiciar en conjunto la gestión de los Gobiernos de Felipe González, la coincidencia más amplia (33%) se produce en torno a este resumen: lo han hecho medianamente, sin cometer demasiados errores. Pero es casi tan amplio el colectivo de quienes piensan que lo han hecho bastante mal (30%). La suma final de quienes aprueban su labor (50%) es superior a la de quienes la desaprueban en mayor o menor grado (42%).
La opinión general de los españoles sobre la actividad política es de desconfianza (51%), cuando no de aburrimiento (29%). La política suscita a partes iguales (26%) interés e indiferencia. El motivo principal es que los ciudadanos piensan que la única forma que tienen de influir en las decisiones del Gobierno es mediante su voto. La gestión que más interés merece es la de los ayuntamientos. Después, la del Cobierno de la nación, la de los gobiernos autónomos y la del Parlamento nacional, por este orden.
La encuesta muestra una aceptación de los partidos políticos como instrumentos imprescindibles en la democracia y a la vez una absoluta aversión a participar en la vida de los partidos y en otro tipo de organizaciones asociativas. El 71% y 70%, respectivamente, dan casi por descartado que se afilien un día a un partido o a un sindicato, y el 59% ve nada probable su incorporación siquiera a una asociación ciudadana.
Más de la mitad de los españoles piensan que "los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad son todos iguales". Para ese amplio sector de la población, la cualidad más importante de un político es que sea honrado, y, a continuación, que cumpla sus promesas.
A la hora de expresar las protestas, es unánime (96%) el rechazo a los destrozos de propiedades públicas o privadas y a la realización de pintadas. Una inmensa mayoría (80%) desaprueba los cortes de tráfico y las huelgas ilegales (78%).