Los intentos de corrupción también serán castigados en el nuevo Código Penal
Las penas por delitos de corrupción, como el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias, que se incrementarán en el futuro Código Penal, se extenderán a quienes intenten cometerlos aunque no lo consigan, según tres enmiendas deviva voz propuestas ayer por el diputado de IU Diego López Garrido y aprobadas por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Otras modificaciones aprobadas a propuesta de IU suavizan la pena para los camellos y la incrementan para los grandes narcotraficantes.
El Código Penal vigente, modificado en 1991 a raíz del...
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Las penas por delitos de corrupción, como el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias, que se incrementarán en el futuro Código Penal, se extenderán a quienes intenten cometerlos aunque no lo consigan, según tres enmiendas deviva voz propuestas ayer por el diputado de IU Diego López Garrido y aprobadas por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Otras modificaciones aprobadas a propuesta de IU suavizan la pena para los camellos y la incrementan para los grandes narcotraficantes.
El Código Penal vigente, modificado en 1991 a raíz del caso Juan Guerra, castiga el tráfico de influencias cometido por el funcionario y por el particular con penas de hasta seis meses y multa por el importe del beneficio obtenido, y en el caso del funcionario, además, con inhabilitación especial. El proyecto de nuevo Código Penal eleva estas penas hasta un año y multa de hasta el doble de lo obtenido, pero para que exista delito exige que se obtenga, "directa o indirectamente, un beneficio económico".Tal exigencia fue combatida por López Garrido, quien consideró que constituía "una gran limitación no castigar la pretensión de obtener el beneficio". Su propuesta consistía en que se castigara como autor de delito consumado a quien incurriera en tráfico de influencias "con el fin de obtener un beneficio", agravando la pena en caso de que lo obtuviera. El portavoz socialista, Álvaro Cuesta, estimó que tales conductas no quedarían impunes aunque no se obtuviera beneficio, pero terminó admitiendo que se añadiera a los preceptos que "la tentativa será punible", frase aprobada por unanimidad.
Menos éxito tuvieron las propuestas del PP para endurecer las penas a los corruptos, a fin de que "desaparezcan de la escena pública las personas que, por su condición reprochable, deban desaparecer", como proclamó Julio Padilla. Criticó que a los funcionarios que se beneficien de información privilegiada se les castigue sólo con penas de multa e inhabilitación especial, "que quiere decir que podrán continuar en otro cargo público distinto", explicó, y pidió para ellos penas de hasta seis años de cárcel. La propuesta fue rechazada.Denuncia de los hechos
Cuesta reprochó al PP que su voluntad de endurecimiento de las penas por corrupción la conciliara con la propuesta de que se suprima la facultad del juez para suspender o clausurar los despachos o asesorías dedicados a tráfico de influencias. En cambio, hubo acuerdo sobre que se exima de pena por el delito de cohecho al particular "que hubiere accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho".
La comisión aprobó el siguiente nuevo artículo, que engloba la conducta de uso irregular de despacho público: "La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diese una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier administración o entidad estatal, autonómica o local u organismos dependientes de alguna de ellas, será castigado con las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años".
Otro precepto novedoso contra la corrupción es el artículo 419, aprobado ayer, y según el cual se castiga con multa de hasta 18 millones y suspensión de empleo o cargo público de hasta tres años a la autoridad o funcionario que realice "una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o hay a intervenido por razón de su cargo".
Previamente, la comisión aprobó una enmienda de IU por la que se rebaja la pena prevista en el proyecto para los camellos o pequeños traficantes y consumidores de droga: de entre uno y cuatro años pasa a ser entre uno y tres años. En cambio, se elevó hasta nueve años la pena de hasta ocho prevista para los casos graves de narcotráfico.
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