Barbero critica las interferencias políticas del Gobierno y los parlamentarios

El magistrado del Tribunal Supremo `Marino Barbero, que lleva tres años instruyendo el caso Filesa, criticó ayer en Albacete al "centenar y medio de parlamentarios, o miembros del Ejecutivo, con su presidente a la cabeza", que con sus manifestaciones o actos interfieren de forma manifiesta en la actividad de los jueces. Barbero, que clausuró en el Paraninfo Universitario de Albacete el I Congreso de Alumnos de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, agregó que esas interferencias suponen un "quebranto de la división de poderes, base del Estado de derecho en el sistema de...

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El magistrado del Tribunal Supremo `Marino Barbero, que lleva tres años instruyendo el caso Filesa, criticó ayer en Albacete al "centenar y medio de parlamentarios, o miembros del Ejecutivo, con su presidente a la cabeza", que con sus manifestaciones o actos interfieren de forma manifiesta en la actividad de los jueces. Barbero, que clausuró en el Paraninfo Universitario de Albacete el I Congreso de Alumnos de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, agregó que esas interferencias suponen un "quebranto de la división de poderes, base del Estado de derecho en el sistema democráticoEl magistrado del Tribunal Supremo afirmó en su conferencia, titulada La responsabilidad del juez español y que fue seguida por un auditorio de unas 850 personas, que los jueces se han convertido en España, sin buscarlo, en "actualidad viva" en los últimos tres o cuatro años.

No obstante, para el conferenciante, los jueces que han tenido entre sus manos casos económicos o sociopolíticos trascendentales "han dado pruebas de su arriesgada y rabiosa independencia", aunque aun así se les desacredita desde relevantes sectores del poder ejecutivo e incluso desde el poder legislativo.

Asimismo, Marino Barbero criticó a los que afirman "frívolamente" que las actividades de los jueces no están sometidas a regla o norma alguna y por ello pueden actuar de una manera irresponsable, cuando, las atribuciones de los magistrados están legalmente establecidas tanto en el ámbito político, como en el disciplinario, penal o civil.

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