El Parlamento andaluz decide que se investiguen las cuentas de la Junta en la Expo 92

El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad la creación de una comisión de investigación que analice el gasto de la Junta de Andalucía durante la Expo 92, que ascendió a 17.000 millones. El PSOE, que hasta ayer no decidió su voto, respaldó finalmente la propuesta de Izquierda Unida (IU) para estudiar las inversiones de 1992, cuestionadas por un informe de la Cámara de Cuentas, que denunció abusos en la contratación directa, desviaciones en el gasto y anomalías contables.La diputada de Izquierda Unida por Sevilla Concha Caballero defendió la propuesta a de su grupo, que, se...

El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad la creación de una comisión de investigación que analice el gasto de la Junta de Andalucía durante la Expo 92, que ascendió a 17.000 millones. El PSOE, que hasta ayer no decidió su voto, respaldó finalmente la propuesta de Izquierda Unida (IU) para estudiar las inversiones de 1992, cuestionadas por un informe de la Cámara de Cuentas, que denunció abusos en la contratación directa, desviaciones en el gasto y anomalías contables.La diputada de Izquierda Unida por Sevilla Concha Caballero defendió la propuesta a de su grupo, que, según explicó, surge tras las irregularidades descubiertas por la Cámara de Cuentas y por razones políticas que hicieron pensar, durante la construcción de la Exposición Universal, que "democracia no era igual a eficacia", según aseguró.

Concha Caballero aseguró que el gasto de la Junta andaluza, al igual que el del Gobierno central, se disparé y expresó sus sospechas por la vinculación actual de ex directivos de la Expo con empresas constructoras que realizaron grandes obras para la muestra, en alusión al ex consejero delegado de la Sociedad Estatal, Jacinto Pellón, que antes y después de la muestra era directivo de Dragados.

Investigación limitada

La diputada de Izquierda Unida reconoció que la comisión de investigación parlamentaria creada será limitada" por estar restringida al ámbito de la Administración autonómica, pero la calificó de "comisión piloto" ante un posible estudio en el ámbito nacional.

La diputada del Partido Popular Carmen Martínez de Sola defendió la investigación parlamentaria, aunque adelantó que será "difícil" por la dispersión de inversiones y las limitaciones técnicas, como el fallo del archivo óptico.

Guillermo Gutiérrez, por el PSOE, argumentó que la comisión era innecesaria, porque todas las posibles anomalías habían sido, explicadas en distintos momentos, pero apoyó la investigación para demostrar la voluntad de transparencia del Grupo Socialista.