La oposición arremete contra Sancristobal por querer, incrimar a Garzón
Todos los partidos, a excepción del PSOE y CiU, coincidieron ayer en que las declaraciones de Julián Sancristóbal sobre una presunta conspiración para derribar al Gobierno en la que estaría envuelto el juez Baltasar Garzón responden a un intento de incriminar al instructor del caso GAL, y retaron al ex secretario de Seguridad a que sustente sus acusaciones en los1ribunales. Garzón no se opuso a que Sancristóbal fuera entrevistado en prisión, después de que Asuntos Penitenciarios enviara al juez un escrito requiriéndole "su parecer" sobre la realización de estas entrevistas.
Según Paz Fe...
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Todos los partidos, a excepción del PSOE y CiU, coincidieron ayer en que las declaraciones de Julián Sancristóbal sobre una presunta conspiración para derribar al Gobierno en la que estaría envuelto el juez Baltasar Garzón responden a un intento de incriminar al instructor del caso GAL, y retaron al ex secretario de Seguridad a que sustente sus acusaciones en los1ribunales. Garzón no se opuso a que Sancristóbal fuera entrevistado en prisión, después de que Asuntos Penitenciarios enviara al juez un escrito requiriéndole "su parecer" sobre la realización de estas entrevistas.
Según Paz Fernández Felgueroso, secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, la ley no exige este requisito en casó de presos preventivos sobre los que no pesa una orden de incomunicación. Pese a eso, Fernández Felgueroso dispuso desde hace un año "ir más allá de lo que dice la ley" y que siempre se consultara al juez competente.El PP pidió ayer que el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, comparezca urgentemente ante la Diputación Permanente del Congreso "para que explique en qué condiciones y por quién" se autorizó la entrevista de Sancristóbal a TVE.
Jesús Calvo, director de la cárcel de Alcalá-Meco, envió el pasado 30 de diciembre un escrito en el que informaba a Garzón de la entrevista solicitada por dos redactores de Abc y requería su parecer. El juez se lo devolvió por fax 45 minutos después, sin la menor anotación, aunque Calvo recibió después una llamada de la secretaria de Garzón para comunicarle que éste "no tenía nada que decir" sobre el asunto, según fuentes de Asuntos Penitenciarios. "Ese criterio se aplicó después automáticamente respecto a las peticiones de los demás periodistas" de EL PAÍS y TVE, señala Fernández Felgueroso.
Las declaraciones de Sancristóbal han provocado una oleada de reacciones a cual más agria. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, señaló ayer que "si existe una conspiración, ésta es contra Garzón y busca inhabilitarlo para que no siga con la instrucción del sumario". En opinión de Anasagasti, Sancristóbal "no está legitimado para criticar políticamente a nadie", y "si tiene alguna prueba fehaciente debe ponerla en. manos de quien corresponda".
En el mismo sentido se manifestó el portavoz del grupo del PP en el Congreso, Rodrigo Rato, que animó al ex secretario de Seguridad para que ponga en conocimiento de los jueces "lo antes posible" la supuesta conspiración para derribar a González en la que estaría implicado Garzón.
El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero denunció, por su parte, que las declaraciones de Sancristóbal se inscriben en una "campaña orquestada" contra el magistrado que surge "desde el más alto nivel del Gobierno". Romero calificó dicha posibilidad de "mezquina y miserable". "Quieren convertir el caso GAL en un caso Garzón", añadió.
Por su parte, la diputada dé Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pilar Rahola, calificó de "espectáculo penoso" el intento de Julián Sancristóbal de "criminalizar" al instructor del caso GAL. "En lugar de hacer el numerito televisivo debería explicar el porqué de sus cuentas en Suiza, su patrimonio y sus responsabilidades", señaló la diputada.
José María Bento, secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura. (APM), sumó ayer su voz a las críticas contra Sancristóbal y seguró que las declaraciones del ex secretario de Seguridad constituirían delito "si no se prueban
El, PSOE y el Gobierno guardaron ayer silencio sobre las declaraciones de Sancristóbal. El vicepresidente Narcís Serra señaló en una entrevista radiofónica que el Ejecutivo no tenía intención de hacer ningún comentario para salvaguardar así la independencia de los jueces. El presidente del Grupo Socialista en el Congreso, Joaquín Almunia, declinó asimismo pronunciarse sobre las acusaciones de Sancristóbal, y se limitó a decir que tomaba nota de ellas "como cualquier ciudadano".
Jorge Manrique, abogado defensor de Amedo y Domínguez, dijo que1as palabras de Sancristóbal le parecían un "aviso a navegantes". "Parece como si se buscara algo para dinamitar la instrucción del sumario del secuestro de Marey", añadió.