El 'caso Totta' "aún no está cerrado", asegura el ministro de Finanzas portugués
El caso de la polémica compra del Banco Totta y Acores (BTA) por parte de Banesto "aún no está cerrado", señaló ayer el ministro de Finanzas portugués, Eduardo Catroga, al comentar el resultado de una investigación parlamentaria que excluye la existencia de irregularidades en la operación.
"Quien tiene que decidir si en la operación se respetó o no la ley portuguesa es la Fiscalía General de la República y no una comisión parlamentaria", agregó el ministro. Según Catroga, el caso Banesto-Totta podrá tener nuevas derivaciones, "a nivel del Banco de Portugal o del Gobierno"....
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El caso de la polémica compra del Banco Totta y Acores (BTA) por parte de Banesto "aún no está cerrado", señaló ayer el ministro de Finanzas portugués, Eduardo Catroga, al comentar el resultado de una investigación parlamentaria que excluye la existencia de irregularidades en la operación.
"Quien tiene que decidir si en la operación se respetó o no la ley portuguesa es la Fiscalía General de la República y no una comisión parlamentaria", agregó el ministro. Según Catroga, el caso Banesto-Totta podrá tener nuevas derivaciones, "a nivel del Banco de Portugal o del Gobierno".
El caso surgió en 1991, cuando Banesto, entonces presidido por Mario Conde, compró un 25% de acciones del nacionalizado BTA (el límite legal entonces permitido para la participación extranjera en un banco privatizado). Luego se descubrió que el banco español, a través de participaciones cruzadas en empresas portuguesas, poseía en realidad el 50% y el control de la entidad.
La Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), primero, y la Comisión de Acompañamiento de Privatizaciones (CAP) concluyeron, tras una profunda investigación, que en el proceso de privatización del BTA existían "indicios de irregularidades, pero no violaciones a la ley".
Una comisión parlamentaria de investigación, después de seis meses de trabajos y audiencia a 16 personajes relacionados con el caso (entre ellos tres gobernadores del Banco de Portugal, tres ministros de Finanzas y dos secretarios de Estado), concluía igualmente excluyendo cualquier ilegalidad. Las conclusiones de la investigación debieron ser debatidos en la Asamblea de la República el pasado martes, pero se pospuso la sesión hasta el día 16.