PP denuncia un trato de favor del Gobierno regional al grupo Amper

El Partido Popular cree que los gestores socialistas de la Comunidad de Madrid dieron un trato de favor en 1989 a la empresa de telecomunicaciones Amper. Ese año, la sociedad pública Tres Cantos, SA, dependiente de la Consejería de Política Territorial, vendió un solar de su propiedad en Tres Cantos a la empresa Amper, a un precio de 10.000 pesetas el metro cuadrado (véase EL PAÍS del pasado 3 de diciembre).

El PP aseguró ayer: "Hemos recabado información suficiente para declarar que la valoración del metro cuadrado en la fecha (le la venta, 26 de febrero de 1989, era 40.000 pesetas...

El Partido Popular cree que los gestores socialistas de la Comunidad de Madrid dieron un trato de favor en 1989 a la empresa de telecomunicaciones Amper. Ese año, la sociedad pública Tres Cantos, SA, dependiente de la Consejería de Política Territorial, vendió un solar de su propiedad en Tres Cantos a la empresa Amper, a un precio de 10.000 pesetas el metro cuadrado (véase EL PAÍS del pasado 3 de diciembre).

El PP aseguró ayer: "Hemos recabado información suficiente para declarar que la valoración del metro cuadrado en la fecha (le la venta, 26 de febrero de 1989, era 40.000 pesetas, lo que supone una pérdida patrimonial (le las arcas de la Comunidad de unos 1.000 millones de pesetas". Amper compró el terreno por 331 millones de pesetas y lo valoro, dos años después, en 2.086 millones. Javier de Oro, presidente de Tres Cantos, SA, declaró a este periódico que Amper pagó por el suelo el doble de lo que abonaron otras empresas afincadas en la zona.

El PP ha solicitado la comparecencia del ejecutivo regional en la Asamblea de Madrid para que aclaren las "sospechosas" relalz:iones entre la Comunidad y Amper. La diputada Paloma García Romero también alertó sobre la "extraña unión" entre IGS -gestora de la cooperativa PSV- y Amper para levantar casas unifamiliares de 28 millones de pesetas, "muy caras para los bolsillos de los trabajadores". La Comunidad ha bloqueado las ayudas públicas a Amper porque duda que la empresa carezca de patrimonio suficiente para responder a las indemnizaciones por el despido de 294 trabajadores de una de sus filiales.