24 subasteros y 23 funcionarios judiciales se enfrentan a un juicio por amañar pujas

VIENE DE LA PÁGINA 1El fiscal describe en sus conclusiones el habitual procedimiento de la subastilla: los profesionales de la puja se reúnen antes de la hora fijada para la subasta oficial de un determinado inmueble al margen de la vía judicial, y allí se distribuyen los bienes embargados. Conseguían así obtener el inmueble deseado a un precio mínimo, evitando que otros pujasen y por tanto, encarecieran el bien.

En su escrito, el fiscal cita varios casos en los que se recurrió a las subastillas. Según sus investigaciones, el restaurante La Chuleta fue adjudicado en una de esas reuniones extrajudiciales a Ernesto García López tras un acuerdo entre éste, Eugenio Fernández Loma, Antonio Muñoz Cabeza y Alberto Fidalgo Blanco.

Relata también el ministerio público los pormenores que rodearon la subasta, celebrada en Madrid el 15 de septiembre de 1986, del edificio Braun, ubicado en Málaga: Ernesto García López, Jesús Gómez Castaño y Eugenio Fernández Loma abordaron, antes de la sesión, a Mano L. L., una persona que pretendía pujar "de buena fe" por el edificio. Los acusados, según el fiscal, convencieron a L. L. de que la única vía que tenía para conseguir el edificio era participar en una subastilla que se iba a celebrar en las oficinas que los acusados tenían en un edificio contiguo al de los juzgados de la plaza de Castilla. "En esa subastilla", explica el fiscal, "se cedió el inmueble a Ernesto García y a los hermanos Eugenio y Carlos Fernández Loma". Los adjudicatarios, pactaron posteriormente con Mano para que les entregase casi ocho millones de pesetas si quería quedarse el edificio. sin problemas.

Quebrar subastas

Algunos de los 47 procesados no limitaron su lucrativa actividad a las subastillas, y fueron más lejos. El fiscal relata en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, decenas de presuntas irregularidades como la siguiente: en 1984, a instancias del Banco Pastor, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid sacó a subasta un piso de la calle de Argüeso porque su dueño, Antonio A. G., había dejado de pagar una letra. El día señalado para la subasta, explica el fiscal, Antonio acudió al juzgado como postor para pujar por él.

En los pasillos de los juzgados "fue abordado por varios subasteros", entre ellos Ernesto García, acompañado del también procesado Francisco Fernández Loma. Le dijeron, agrega el fiscal, que tenía que entregarles 100.000 pesetas si quería que ellos no participasen como postores en la subasta. Antonio les entregó todo el dinero que llevaba encima ese día, 60.000 pesetas, y quedaron de acuerdo en quebrar la subasta. La quiebra es una artimaña legal que consiste en intentar que se declare desierta la puja para que el inmueble vuelva posteriormente a salir a subasta, pero con un precio de partida sensiblemente menor.

Al poco tiempo repitieron una triquiñuela similar en la segunda subasta, que se comprometieron también a quebrar (puede haber hasta tres subastas de un mismo bien) y le dijeron que no se preocupase, que el piso se lo adjudicarían a él sin problemas. Pasado un tiempo, el juzgado le comunicó a Antonio que debía marcharse de la casa porque ésta había sido adjudicada a Tadeo Gultián Vidal, quien "actuaba de acuerdo con Ernesto García". Antonio se puso en contacto inmediatamente con Tadeo, quien le dijo que le cedería el piso si le entregaba 800.000 pesetas. Antonio le dio 600.000, todo lo que había podido reunir.

Sin embargo, cuando Antonio creía que el piso ya era suyo, supo que Tadeo lo había cedido a otra persona. El mismo día en que la policía fue a, su casa para desalojarle del piso, Antonio tuvo que entregar otros cuatro millones de pesetas a Ernesto García.

Entre los funcionarios implicados en este surriarlo hay oficiales, auxiliares y agentes judiciales. La mayoría, salvo alguno ya jubilado, sigue trabajando en los juzgados de Madrid. Algunos fueron trasladados, tras saltar el escándalo, a otros servicios. Para casi todos, el acusador público reclarna fuertes penas de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. Las penas van desde los tres a los ocho años de suspensión.

1 No todos los funcionarios implicados cometieron las mismas irregularidades, aunque en casi todos los casos medió dinero, las denominadas astillas. Unos, por en cargo de los subasteros, se dedicaron, presuntamente, a acelelar los trámites para echar de sus pisos a los morosos; otros, de acuerdo con los subasteros, practicaron determinadas actuaciones judiciales al. margen del juez.

Uno de los 23 funcionarios que figuran como implicados en esta trama es, según el fiscal, el oficial de la plaza de Castilla Jesús Gallego Rupérez. El fiscal le acusa de alterar un requerimiento judicial para beneficiar a uno de los subasteros procesados.

Ocurrió asi: el Juzgado de lo Civil número 10 adjudicó en subasta en 1986 un chalé ubicado en la calle de Berlanga de Duero a Jesús Gómez Castaños, otro de los procesados. Días después, el juez avisó a Gómez Castaños para que en el plazo de tres días pagase el dinero del remate del piso. Si no lo hacía, el juez podía declarar quebrada la subasta. Para poder pujar en una subasta, previamente hay que consignar un tanto por ciento del valor del inmueble. El resto debe aportarlo después.

Gallego Rupérez, el oficial de! juzgado que llevaba la subasta del referido chalé, era amigo de Gómez Castaño y de María Tarriño Muñoz, también acusados en este sumario. El 7 de junio (cuatro días después del aviso), Tarriño, en nombre de Gómez Castaño, presentó un recurso contra el aviso judicial para retrasar el pago a fin de ganar tiempo y poder encontrar a una tercera persona a la que ceder el chalé.

Gómez Castaño consiguió que el juez le diera otros ocho días de plazo para pagar lo que aún debía. Pasado ese plazo, volvió a presentar otro recurso. Finalmente, el 18 de julio, el juez le dio un último plazo de ocho días. Al ver que expiraba y que no encontraba a una tercera persona, Gómez Castaño 11 entregó cierta suma de dinero", explica el fiscal, al citado oficial. Este dilató el requerimiento judicial otros cuatro meses, sin que el juez supiese: nada, dándole tiempo al subastero a encontrar a la tercera persona que buscaba.

Más chanchullos

Otra de las irregularidades que el fiscal ha conseguido, a su juicio, probar, es la que se produjo en la subasta de -un piso enclavado en la denominada Ciudad de los Periodistas.

Isabel F., propietaria de la vivienda, acudió al juzgado el día de la subasta. Se le acercó María Francisca Tarriño, quien estaba compinchada con Jesús Gómez Castaño y Ernesto García López. Tarriño le propuso provocar la quiebra de la primera subasta si le entregaba 250.000 pesetas. Isabel le dio el dinero, y, efectivamente, la primera subasta quedó desierta. En la segunda, el jqez adjudicó el inmueble a María Angeles Heras, casada con Vicente Haro, funcionario de justicia y también procesado en este sumano.

Heras, su esposo y Antonio Mufloz Cabezas visitaron a Isabel en su domicilio y le pidieron una fuerte suma de dinero si no quería perder el piso.

Isabel les dijo que no disponía del dinero que le pedían. Tal fue el clima de acoso e intimidación que recibió le decían que si no se marchaba del piso llamarían a la policía que Isabel tuvo que abandonar la vivienda.