Los querellantes contra PSV piden a Moreiras que no revoque la fianza de 65.000 millones

La polémica jurídica en el caso PSV subió ayer de tono. El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, recibió una petición explícita de los más de 2.000 cooperativistas que han presentado una querella contra PSV-IGS para que mantenga su auto y lafianza de 65.000 millones de pesetas. Mientras, la Fiscalía de Madrid presentó un recurso en el que critica la decisión de Moreiras y reclama al juez José Antonio Enrech Salazar que continúe tramitando la suspensión de pagos de PSV. Moreiras remitió un escrito al Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) en el que critica la "intromisión" de Enrech. D...

La polémica jurídica en el caso PSV subió ayer de tono. El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, recibió una petición explícita de los más de 2.000 cooperativistas que han presentado una querella contra PSV-IGS para que mantenga su auto y lafianza de 65.000 millones de pesetas. Mientras, la Fiscalía de Madrid presentó un recurso en el que critica la decisión de Moreiras y reclama al juez José Antonio Enrech Salazar que continúe tramitando la suspensión de pagos de PSV. Moreiras remitió un escrito al Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) en el que critica la "intromisión" de Enrech. Durante la declaración del ex secretario de organización de UGT Antón Saracíbar, Moreiras hizo que constase en acta que no se dejará influir por nadie. Saracíbar declaró que conoció los problemas de PSV a "bastante distancia".

La declaración de Antón Saracíbar ante el juez de delitos monetarios estuvo acompañada de dos declaraciones. Los cooperativistas querellantes pidieron al juez Moreiras que siga adelante con el auto y la fianza de 65.000 millones, y el magistrado afirmó que no se dejará influir "por terceros" en la resolución del caso PSV.

El letrado Joaquín Ruiz-Giménez, como representante de_ los abogados de los querellantes, hizo constar en acta, al inicio de la sesión, que los cooperativistas que se han querellado, contra PSV-IGS ratifican sus peticiones de indemnización y responsabilidad civil. [Según informó la agencia Efe, Moreiras ha pedido a los abogados que representan a los cooperativistas que han presentado querellas sobre la gestión irregular de PSV que clarifiquen si van a mantener sus reclamaciones.] Los querellantes, además, criticaron las declaraciones de varios personajes publicos -entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana- contra el auto de Moreiras, porque creen que con ellas se intenta interferir en el proceso penal.

El magistrado titular del juzgado número tres de la Audiencia Nacional, mientras, también hizo constar en acta que no se dejará influir por nadie, entre los que implícitamente se encuentra el Gobierno y el magistrado José Antonio Enrech Salazar, con quien el propio Moreiras abrió ayer un nuevo contencioso.

La Fiscalía de Madrid expuso una nueva y crítica opinión a los autos de Moreiras y Enrech. La Fiscalía recurrió el auto dictado por Enrech el pasado día 2 de noviembre, en el que éste -tras criticar la decisión de Moreiras- "suspende" el proceso de suspensión de pagos y cesa a los interventores judiciales de la cooperativa. Estas decisiones paralizan todo el proceso de separación en PSV.

El fiscal Marcial Viñol y Palop replica a la decisión de Enrech con la siguiente afirmación: "Aún compartiendo la desazón que haya podido experimentar [el juez Enrech] ante una resolución de otro órgano judicial tan difícilmente justificable en derecho [el auto de Moreiras] consideramos ( ... ) que no procede paralizar esta suspensión [de pagos], que debe seguir produciendo el fin para que está creada al servicio de los miles de perjudicados, tan sorprendentemente ignorados por el juzgado central".

Por todo ello, el fiscal solicita que "se reponga el auto recurrido y se continúe por el juzgado [número 63 de Madrid] la tramitación del procedimiento" de suspensión de pagos. Hasta ayer, Moreiras no ha contestado a los cinco recursos interpuestos por el fiscal de la Audiencia Nacional, UGT, PSV, Carlos Sotos y Paulino Barrabés contra el auto que fija una fianza de 65.000 millones ni ha anunciado si tiene intención de congelar tal decisión. El pasado miércoles, avanzó la posibilidad de suspender, durante un mes, su auto, en espera de recibir documentos que probaran que los cooperativistas se oponen a su medida.

El abogado de Saracíbar, Leopoldo Torres, afirmó ayer que Saracíbar había manifestado al juez que tanto él como la mayoría de los miembros de la comisión ejecutiva conocieron el problema de PSV a finales de 1992 o principios de 1993, al estallar el escándalo de la aseguradora Unial, que estuvo gestionada por el yerno de Nicolás Redondo. Torres dijo que lo realmente importante para los cooperativistas es "remover" los obstáculos que impiden la construcción de las viviendas de PSV-IGS.