El juez envió a De la Rosa a prisión basándose en un documento hallado en su despacho
El juez Joaquín Aguirre dictó el auto de prisión de Javier de la Rosa basándose de forma fundamental en un documento hallado en el despacho del financiero, según han confirmado fuentes judiciales y cercanas al empresario. La defensa, dirigida por el letrado Joan Piqué Vidal, pidió ayer su puesta en libertad con o sin fianza.El documento intervenido en el despacho situado en el número 484 de la avenida Diagonal, en Barcelona, es una auténtica guía de las operaciones aparentemente irregulares realizadas por Javier de la Rosa y sus colaboradores. Con fecha de 26 de julio pasado, el documento deta...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juez Joaquín Aguirre dictó el auto de prisión de Javier de la Rosa basándose de forma fundamental en un documento hallado en el despacho del financiero, según han confirmado fuentes judiciales y cercanas al empresario. La defensa, dirigida por el letrado Joan Piqué Vidal, pidió ayer su puesta en libertad con o sin fianza.El documento intervenido en el despacho situado en el número 484 de la avenida Diagonal, en Barcelona, es una auténtica guía de las operaciones aparentemente irregulares realizadas por Javier de la Rosa y sus colaboradores. Con fecha de 26 de julio pasado, el documento detalla diversas operaciones entre Grand Tibidabo y Quail. El texto reconoce deudas a la primera sociedad por valor de 1.935 millones de pesetas, contraídas entre 1991 y 1993. Según el auto de prisión, "no se trata de meros incumplimientos de contratos de repercusión únicamente civil, sino de hechos con relevancia penal, al existir un ánimo específico de apropiarse del dinero ajeno".
Los letrados de De la Rosa presentaron ayer el recurso contra el auto de prisión. En él, la defensa intenta desmontar los argumentos esgrimidos por el juez y los fiscales en las cuatro operaciones concretas en que se basa el auto de prisión y otras acusaciones surgidas durante el interrogatorio, como el presunto mal uso del aval de 10.000 millones otorgado por el Parlamento de Cataluña a Tibigardens.
La defensa de De la Rosa anunció que mañana recurrirá contra la fianza de responsabilidad civil que ha fijado el juez. El cálculo estimado por el juez del perjuicio ocasionado, entre otras cosas, por el vaciado de Gran Tibidabo es de 10.000 millones de pesetas, por lo que, de acuerdo con el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el financiero deberá presentar un depósito que incremente esa cantidad en una tercera parte, hasta alcanzar 13.333 millones de pesetas.
Esfuerzo del Parlament
El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, dijo ayer en Sabadell que el caso De la Rosa requiere un esfuerzo de CiU y que el Parlament "tiene que acoger un debate suficiente, respetuoso para la independencia de la justicia y clarificador". Serra considera que si el debate se produce con garantías, "es probable que de él se desprenda la necesidad de asumir responsabilidades políticas", refiriéndose al consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, informa Rosalía Ruiz. Añadió que "el hecho de que el caso esté en manos judiciales garantiza, independientemente del debate político, resultados clarificadores".
El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Joaquín Almunia, afirmó ayer en declaraciones a la SER que los delitos que se imputan a De la Rosa son muy graves y que el PSOE quiere que, si se demuestran, el financiero "pague por ellos, y que pague mucho".
Almunia ratificó la oposición de su partido a una comisión parlamentaria para investigar las vinculaciones del financiero a partidos políticos. Según Antonio Romero, de IU, lo ocurrido con De la Rosa es un exponente del "desmontaje del Estado del bienestar que ha hecho el PSOE".