La querella de KIO sigue parada en la Audiencia Nacional

Javier de la Rosa ya fue llevado ante Ios tribunales de Justicia en enero de 1993. En este caso, a iniciativa de los nuevos gestores del Grupo Torras-KIO en España. En su querella, los árabes acusaban a De la Rosa y sus colaboradores de "falsedad en documento público, estafa, apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y delito fiscal". Globalmente, los nuevos gestores de Torras acusaban a De la Rosa de haber "evaporado" más de 100.000 millones de pesetas y haber provocado la ruina de sus empresas en España.La querella fue presentada ante el titular del juzgado de d...

Javier de la Rosa ya fue llevado ante Ios tribunales de Justicia en enero de 1993. En este caso, a iniciativa de los nuevos gestores del Grupo Torras-KIO en España. En su querella, los árabes acusaban a De la Rosa y sus colaboradores de "falsedad en documento público, estafa, apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y delito fiscal". Globalmente, los nuevos gestores de Torras acusaban a De la Rosa de haber "evaporado" más de 100.000 millones de pesetas y haber provocado la ruina de sus empresas en España.La querella fue presentada ante el titular del juzgado de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras. Éste rechazó en dos ocasiones la querella y finalmente fue la Sala de la Audiencia Nacional la que obligó al juez a admitirla a trámite. Desde entonces, la tramitación de la querella apenas ha evolucionado.

Tan sólo a petición de los abogados de KIO, Moreiras decretó el registro de la sede de Quail, en la Diagonal de Barcelona. De la Rosa ya conocía la decisión por adelantado y la noche anterior a la visita de los inspectores de policía salieron del despacho abultadas cajas con documentación.

Mientras en la Audiencia Nacional languidecía el expediente contra De la Rosa entre otros muchos casos, otra demanda interpuesta por KIO en Londres se tramitaba con mucha más rapidez. Los jueces de Londres han dictado ya dos embargos por 500 millones de dólares (unos 65.000 millones de pesetas) contra Fahad Al Sabah, ex presidente de KIO y de Torras, y Fouad Jaffar, ex vicepresidente de KIO.