30.000 millones de dólares contra el crimen
La Ley Anticrimen aprobada por las dos cámaras, que Clinton firmará en los primeros días de septiembre para que pueda entrar en vigor, dedicará en los próximos años más de 30.000 millones de dólares (casi 4 billones de pesetas) a reforzar las dotaciones de policía, construir cárceles y prevenir la delincuencia.Se prohíbe la venta de ciertas armas, se incrementa la lista de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte y se endurecen notablemente los castigos para delincuentes habituales y juveniles, para los delitos sexuales y para la violencia contra las mujeres.
El fondo eco...
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La Ley Anticrimen aprobada por las dos cámaras, que Clinton firmará en los primeros días de septiembre para que pueda entrar en vigor, dedicará en los próximos años más de 30.000 millones de dólares (casi 4 billones de pesetas) a reforzar las dotaciones de policía, construir cárceles y prevenir la delincuencia.Se prohíbe la venta de ciertas armas, se incrementa la lista de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte y se endurecen notablemente los castigos para delincuentes habituales y juveniles, para los delitos sexuales y para la violencia contra las mujeres.
El fondo económico de la ley se distribuye de esta forma:
- 13.500 millones de dólares para contratar a 100.000 nuevos policías que cubran desde barrios hasta patrullas fronterizas.
- 9.900 millones de dólares para edificar nuevas cárceles de criminales peligrosos y campos de trabajo para jóvenes delincuentes.
- 5.500 millones de dólares para programas de prevención, como la liga nocturna de baloncesto, centros recreativos en los peores barrios y refugios para mujeres maltratadas.
- 1.400 millones de dólares para controlar la libertad vigilada de los que incurren por primera vez en un delito leve de drogas y para el desarrollo de tratamientos contra la narcodependencia.
El resto de la ley tiene estas previsiones:
- Armas: se prohíbe la venta de 19 tipos de armas semiautomáticas y se limitan los cargadores a 10 balas. No se incluyen 650 tipos de rifles deportivos. La Asociación Nacional del Rifle -tres millones y medio de afiliados- se ha rasgado las vestiduras porque entiende que la prohibición sienta un precedente anticonstitucional que atenta contra el derecho a poseer armas. Pero las estadísticas van en su contra: en EE UU circulan legalmente 212 millones de armas de todo tipo, que forman parte, históricamente, del mobiliario norteamericano. Cada año mueren 38.000 personas víctimas de armas de fuego entre crímenes, suicidios y accidentes.
- Pena de muerte: este popular elemento de la sociedad de EE UU -tres de cada cuatro norteamericanos están a favor- recibe un nuevo impulso. Los. crímenes susceptibles de ser castigados con la máxima pena pasan de dos a 60. En la lista figuran los robos de automóviles a punta de pistola en los que haya víctimas y los tiroteos indiscriminados sobre la población.
- Cadena perpetua: a los autores de un tercer delito violento o relacionado con tráfico de drogas se les aplica la norma de three strikes and you are out, expresión tomada del béisbol y que significa la exclusión del juego a la tercera falta.
-Delitos sexuales: se autoriza la notificación a los habitantes de un barrio de que se va a poner en libertad y va a vivir en la zona una persona que haya cumplido condena por delito sexual. Esa persona, además, deberá comparecer ante las autoridades cada tres meses durante todo el resto de su vida.
- Violencia contra las mujeres: constituye a partir de ahora una violación de los derechos civiles y, por lo tanto, un delito federal. La ley estimula las detenciones por casos de violencia doméstica aunque la víctima no lo solicite. El acecho y el hostigamiento, además de otros abusos, serán de ahora en adelante castigados.
- Delincuencia juvenil: los adolescentes de 13 y 14 años podrán ser juzgados como si fueran adultos en caso de haber cometido cierto tipo de crímenes violentos. Se prohíbe la venta de armas a los jóvenes.
- Cumplimiento de sentencias: se limita la libertad condicional en las cárceles federales - es decir, las que dependen del Gobierno- a los que hayan incurrido por primera vez en un delito no violento relacionado con drogas y estén cumpliendo penas mínimas.