La Fiscalía denuncia un trato desigual de los jueces a los presos de Madrid

Los jueces de vigilancia penitenciaria de la Comunidad de Madrid utilizan criterios distintos para resolver casos similares. De tal forma que un interno tendrá más o menos posibilidades de conseguir un permiso de salida o progresar de grado en su clasificación «o que implica tener más derechos) en función del criterio del juez que esté encargado de su prisión. Esta situación anómala ha ocasionado la denuncia de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su memoria sobre la actuación en 1993 de los tres juzgados de vigilancia que hay en Madrid, recuerda el trato desigual...

Los jueces de vigilancia penitenciaria de la Comunidad de Madrid utilizan criterios distintos para resolver casos similares. De tal forma que un interno tendrá más o menos posibilidades de conseguir un permiso de salida o progresar de grado en su clasificación «o que implica tener más derechos) en función del criterio del juez que esté encargado de su prisión. Esta situación anómala ha ocasionado la denuncia de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su memoria sobre la actuación en 1993 de los tres juzgados de vigilancia que hay en Madrid, recuerda el trato desigual que se ofrece a los internos. Esta "disparidad de criterios" implica un "trato desigual" para los cerca de 8.000 presos que ocupan en la actualidad las ocho prisiones de la comunidad autónoma, entienden los fiscales.La Agrupación Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato más votado en las cárceles de Madrid, es "consciente de estas desigualdades" y ha pedido al Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, que cree urgentemente un juzgado central de vigilancia que permita unificar criterios. "Cada juez tiene un criterio distinto, por eso es necesario que haya un órgano superior que unifique la interpretación", reclama Juan Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP.

"Disparidad de criterios"

El informe de la fiscalía sobre los tres juzgados de vigilancia madrileños subraya textualmente: "La disparidad de criterios se manifiesta fundamentalmente en la aplicación del derecho disciplinario y en materia de restricción de los derechos de comunicación de los internos".

Le "sorprende" a la fiscalía, por ejemplo, que el Juzgado de vigilancia número 1 (encargado de las prisiones de Carabanchel y del Hospital Penitenciario) corrija "total o parcialmente" casi un 87% de las sanciones que imponen estos centros a sus internos; mientras que el números 2 (con jurisdicción en Navalcarnero, Carabanchel-Mujeres y la sección abierta Victoria Kent, antigua Yeserías) y el 3 (encargado de Valdemoro y las dos prisiones que hay en Alcalá-Meco) sólo admitan menos de un 40% de las reclamaciones que presentan los presos.

"El diferente trato que reciben los presos", añade la fiscalía, "se refleja en la respuesta dada [por los jueces] a situaciones especialmente conflictivas: mientras el Juzgado de Vigilancia número 2 ha autorizado 0 ratificado las 376 comunicaciones de utilización de medios coercitivos con los internos [solicitadas por las prisiones], el número 1 ha dejado sin efecto 21 de las 305; y el tres, por su lado, ha negado dos de las 96 notificaciones que le fueron formuladas en este sentido".

A juicio de los fiscales, el Juzgado de Vigilancia número 1 es el que, durante 1993, "acreditó una mayor sensibilidad ante las quejas de todo tipo" que presentaron los internos; estimó casi un 65% de las, quejas, frente al 20% del número 2 y un 36% del número 3.

Hasta abril de 1993, la juez Manuela Carmena estuvo al frente del Juzgado de Vigilancia número 1; dejó el cargo ese mismo mes tras ser nombrada decana de los jueces de la plaza de Castilla y fue sustituida por el magistrado Joaquín Vives, actual titular.

A pesar de esa mayor "sensibilidad" ante las quejas, la fiscalía no está de acuerdo con la actuación que ha desarrollado el Juzgado número 1 en lo que respecta a la clasificación de los presos. Asegura que este juzgado "ha invadido" en muchas ocasiones "la competencia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias". No sólo ha, ordenado, en contra del criterio de este organismo, que algunos presos accedan a un grado de libertad más favorable, sino que salga de la cárcel para ingresar en comunidades terapéuticas.

Hacinamiento

La fiscalía repasa también la tasa de hacinamiento de las prisiones madrileñas en los últimos años, y concluye que todavía están muy lejos de cumplir el principio legal que establece que sólo debe haber un interno por celda. A finales de diciembre de 1993, las ocho prisiones madrileñas albergaban a un total de 6.437 presos, casi 1.800 más que en 1992. Y casi todas tienen literas.

En diciembre de 1993, la prisión de Carabanchel había conseguido reducir sensiblemente la altísima tasa de hacinamiento que tenía en 1992 (cerca de 2.700 presos, casi el triple de su aforo).

Esa reducción se vio favorecida por la entrada en funcionamiento de las prisiones de Valdemoro y Navalcarnero, que absorbieron parte de los presos de Carabanchel. No obstante, en los meses que van del presente año 1994 la población reclusa de Carabanchel se ha vuelto a disparar, y hoy su ocupación ronda nuevamente la tasa de hacinamiento de 1992.

El informe de los fiscales pone énfasis también en la alta cifra de reclusos preventivos; es decir, los que están encarcelados sin que sobre ellos haya recaído una sentencia firme. De los 4.598 presos que había en Madrid a finales de 1992, casi un 56% de ellos era preventivo; en 1993 las cárceles madrileñas cobijaban a 6.497 presos y, en cambio, el porcentaje de preventivos rondaba el 39%. Esta reducción de presos preventivos obedece una mayor celeridad en la celebración de los juicios.