Javier Gómez Navarro anuncia cambios en la Ley Cámaras

El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, afirmó que "el Gobierno no permanecerá inactivo ante la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cámaras aprobada el pasaddo año por el Parlamento español". El Tribunal Constitucional en una sentencia del pasado 16 de junio declaró inconstitucionales determinados artículos de la Ley de 1911 y apuntó que los fundamentos de la ley de 1993 podrían incurrir en los mismos aspectos.Gómez Navarro se comprometió a que el Gobierno dará una respuesta antes del próximo 30 de septiembre sobre la conveniencia de cambiar o no...

El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, afirmó que "el Gobierno no permanecerá inactivo ante la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cámaras aprobada el pasaddo año por el Parlamento español". El Tribunal Constitucional en una sentencia del pasado 16 de junio declaró inconstitucionales determinados artículos de la Ley de 1911 y apuntó que los fundamentos de la ley de 1993 podrían incurrir en los mismos aspectos.Gómez Navarro se comprometió a que el Gobierno dará una respuesta antes del próximo 30 de septiembre sobre la conveniencia de cambiar o no la Ley.

El punto de mayor trascendencia que denunciaba el alto tribunal es la adscripción y cuota forzosa de las empresas a las cámaras de comercio.

Estas manifestaciones del ministro de Comercio fueron realizadas a la salida del pleno del Consejo Superior de Cámaras de Comercio celebrado ayer. El presidente del Consejo, Guillermo de la Dehesa, reconoció que tras la sentencia del pasado mes de junio las cámaras viven un momento de incertidumbre que no es bueno. "Por ello hemos acordado urgir al Gobierno para que cambie la Ley de Cámaras si es necesario o por el contrario, que les doten de más funciones para que no se corra el riesgo de que el Constitucional haga lo mismo que hizo con la Ley de 1911.

De la Dehesa reconoció que existen dos recursos presentados sobre la Ley de 1993, uno por la Generalitat de Cataluuña y otro por la Generalitat de Valencia, por lo que ha cundido la incertidumbre en el Consejo de Cámaras. La Ley de 1993 fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios y trataba de dar contenido a estas instituciones de la vida económica. Esa ley les permitía gestionar servicios públicos, fondos estatales y comunitarios, además de las dos competencias que ya tenían,. como la formación de empresarios y el fomento del comercio exterior.