El Constitucional avala que el reo no diga la última palabra
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha denegado, por cinco votos a uno, el amparo solicitado por un marroquí condenado que alegó que el tribunal que le juzgó no le concedió el derecho a decir la última palabra. La mayoría del alto tribunal da por bueno que se trató de una omisión en el acta del juicio. En cambio, el magistrado Vicente Gimeno Sendra discrepa del fallo y estima que no se dio oportunidad al acusado de decir la última palabra, con lo que se vulneró su derecho a la autodefensa.Jamil Boukarabila Fallet fue condenado en 1990 por la Audiencia Provincial de Cádiz, como autor de...
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La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha denegado, por cinco votos a uno, el amparo solicitado por un marroquí condenado que alegó que el tribunal que le juzgó no le concedió el derecho a decir la última palabra. La mayoría del alto tribunal da por bueno que se trató de una omisión en el acta del juicio. En cambio, el magistrado Vicente Gimeno Sendra discrepa del fallo y estima que no se dio oportunidad al acusado de decir la última palabra, con lo que se vulneró su derecho a la autodefensa.Jamil Boukarabila Fallet fue condenado en 1990 por la Audiencia Provincial de Cádiz, como autor de un delito contra la salud pública y otro de contrabando, a nueve años y cuatro meses de cárcel y multa de 50 millones de pesetas. Recurrida la sentencia, el Tribunal Supremo confirmó el fallo y, sobre el alegado incumplimiento del derecho del reo a la última palabra, estimó que "se trata de una cláusula estereotipada que (...) pudo ser omitida por el secretario".
El abogado Gonzalo Martínez Fresneda pidió el amparo del Tribunal Constitucional, ante el que alegó la importancia del derecho a decir la última palabra, especialmente en un caso en que el condenado intervino en primer lugar y a continuación los restantes acusados se autoexculparon y le imputaron toda la responsabilidad en los hechos enjuiciados. La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente Rafael Mendizábal, da por bueno el criterio del Supremo de que se trató de una "pura omisión material", ante la que "no se justificaría la interferencia del Tribunal Constitucional".
En cambio, Gimeno Sendra estima que se vulneró el derecho a la autodefensa y a un juicio justo, ya que, "según consta en el acta del juicio oral (...), omitió el presidente dirigirse al acusado a fin de que pudiera ejercitar su derecho a la última palabra". En igual línea se pronunció el fiscal, que pidió, sin éxito, que se concediera el amparo, ya que, durante el juicio de la Audiencia de Cádiz, "nada más finalizar el informe del último defensor, el presidente repentinamente dio por concluido el juicio, declarándolo visto para sentencia".