Los choques de PP y PSOE empantanan su gestion en las instituciones

El Ejecutivo regional (PSOE) y el gobierno municipal (PP) han quedado atrapados en la maraña de sus diferencias políticas y no pueden gestionar sus proyectos más importantes. El socialista Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad, y el popular José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, no han conseguido resolver la bronca que, desde hace tiempo, mantiene enfrentados a sus altos cargos y, como consencuencia, atascadas las principales actuaciones públicas en la ciudad.Una decena de planes, diseñados y con presupuesto desde hace más de un año, siguen empantanados en distintas areas mun...

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El Ejecutivo regional (PSOE) y el gobierno municipal (PP) han quedado atrapados en la maraña de sus diferencias políticas y no pueden gestionar sus proyectos más importantes. El socialista Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad, y el popular José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, no han conseguido resolver la bronca que, desde hace tiempo, mantiene enfrentados a sus altos cargos y, como consencuencia, atascadas las principales actuaciones públicas en la ciudad.Una decena de planes, diseñados y con presupuesto desde hace más de un año, siguen empantanados en distintas areas municipales y autonómicas.

El 24 de marzo pasado, el regidor y el presidente madrileño comieron en un restaurante próximo a la Casa de la Villa para tratar el problema. En el frugal almuerzo, según explicaron después, acordaron varias soluciones para salvar los obstáculos que ponían sus subordinados. Pero la receta de los jefes fracasó y amenaza con ser indigesta.

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Tres meses y medio después todo no sigue igual. Todo sigue peor.

Las 72.000 viviendas que el Ayuntamiento quiere que broten en la periferia de Madrid han recibido el veto oficial de la Comunidad. El presidente del grupo popular en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallardón, ha pedido con urgencia una reunión de la diputación permanente de la Asamblea -un minipleno- para abordar este grave asunto.

No es el único gran proyecto paralizado. La ampliación de la línea 10 del Metro, cuyas obras pretende adjudicar la Comunidad desde el mes de julio del año pasado, no ha salido de la vía muerta por la negativa de la concejal de Medio Ambiente, Esperanza Aguirre, a dar su autorización. La construcción de la Estación Sur en la calle de Méndez Álvaro sigue aplazándose mientras los responsables locales y regionales se culpan mutuamente del retraso.

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PASA A LA PÁGINA 3

El alcalde exculpa a Leguina del bloqueo político de la Comunidad a los nuevos barrios

VIENE DE LA PÁGINA 1El PP tocó ayer a rebato. Desde la tribuna de las declaraciones -en un acto municipal cúlebrado en el invernadero de la Arganzuela- y desde el registro del Parlamento regional, los concejales y diputados populares denunciaron el rechazo socialista a los 72.000 pisos del Ayuntamiento.

José María Álvarez del Manzano profetizó: "Con nuestro plan relanzaríamos el sector de la construcción. Pero no se podrá salir antes de la crisis por una decisión administrativa [el rechazo de la comisión regional de urbanismo a los barrios nuevos previstos por el PPI de la Comunidad de Madrid".

El alcalde exculpó de esta decisión a Joaquín Leguina: "Me consta que no era la intención de Leguina, pero se habrá visto mediatizado. El rechazo se debe a razones políticas". Este periódico no pudo hablar ayer con el jefe del Ejecutivo regional, que se encontraba de viaje. Ramón Espinar, portavoz del Gobierno de la Comunidad, contestó al alcalde: "No estamos ante una cuestión política, sino ante algo de más calado. No hemos tenido intención de paralizar el desarrollo de la ciudad, sino de lograr que éste sea armónico".

El edil socialista José María de la Riva agradeció ayer la negativa de la Comunidad al plan del PP: "En Madrid queda suelo vacante para 90.000 pisos. No hace falta calificar más. El crecimiento demográfico es cada vez menor, pero al PP lo único que le preocupa es satisfacer los intereses especulativos de algunos promotores inmobiliarios".

Alberto Ruiz Gallardón, portavoz del PP en el Senado y principal contrincante de Leguina, criticó ayer la decisión socialista: "El Gobierno regional pretende mantener la política de especulación del suelo de Eduardo Mangada [responsable de urbanismo de la Comunidad hasta 19911. Su modelo de vivienda es PSV, por eso carecen de cualquier legitimación para rechazar nada".El problema de PSV

La alusión a PSV del líder regional del PP no es la única que se lanza desde su partido. El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, piensa que si la Comunidad hubiese aprobado los nuevos barrios hace ocho meses, cuando se presentaron, "habría influido en el mercado con un bajón en el precio del suelo y se habría rebajado la especulación, sobre todo ahora, cuando ha aumentado el problema tras el fracaso de PSV".

Echeverría se pregunta, por otra parte, cuánto dinero tiene pensado dedicar la Comunidad a la vivienda social en Madrid, "porque en los últimos años no han hecho nada".

Ruiz Gallardón reclamó ayer la reunión urgente de la comisión permanente de la Asamblea de Madrid (organismo compuesto por 26 diputados que se mantiene alerta durante el periodo de vacaciones por si aparece algún asunto que requiera una tramitación urgente) para pedir explicaciones al consejero de Política Territorial sobre su decisión. "Es una obstrucción a la actuación municipal. El Ayuntamiento sólo quiere poner suelo en el mercado para que baje el precio de la vivienda. Una propuesta socialmente indiscutible".

a portavoz de IU, Isabel Vilallonga, opina lo contrario. La senadora y diputada regional considera la propuesta del Ayuntairtiento, defendida por Ruiz Gallardón, "el mayor escándalo urbanístico en la historia de Madrid. Es una actuación indiscriminada de recalificación de suelo [22 millones de metros cuadrados], porque es un urbanismo salvaje que no sabemos a qué intereses puede obedecer y que podría ser un gran negocio".

Vilallonga dice que ha descubierto la estrategia del PP: "Se han destapado con una operación que persigue que en Madrid sólo puedan vivir clases acomodadas, porque sólo proponen viviendas libres o de precio tasado; en cualquier caso, nunca inferiores a los 16 millones de pesetas, y con la demanda de vivienda social existente es impresentable que no se hayan preocupado primero de acabar el Plan 18.000".

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