Doce entidades de inmigrantes critican la indefensión legal de los extranjeros

Doce asociaciones que trabajan con inmigrantes en Madrid denuncian la creciente indefensión legal de estas personas, especialmente de las originarias de países pobres, por la aplicación arbitraria de la normativa de extranjería. La lentitud en las renovaciones de los permisos de trabajo y residencia; las redadas masivas o la imposibilidad de recurrir las órdenes de expulsión antes de que el afectado sea echado del país son algunas de sus quejas. La masificación del Centro de Internamiento de Moratalaz es otra de las críticas.

Estas entidades creen que la actitud policial, judicial y adm...

Doce asociaciones que trabajan con inmigrantes en Madrid denuncian la creciente indefensión legal de estas personas, especialmente de las originarias de países pobres, por la aplicación arbitraria de la normativa de extranjería. La lentitud en las renovaciones de los permisos de trabajo y residencia; las redadas masivas o la imposibilidad de recurrir las órdenes de expulsión antes de que el afectado sea echado del país son algunas de sus quejas. La masificación del Centro de Internamiento de Moratalaz es otra de las críticas.

Estas entidades creen que la actitud policial, judicial y administrativa persigue crear un clima de temor para frenar el flujo de ciudadanos de países pobres.Por eso los abogados de Comrade, SOS Racismo, Karibu (Latinoamérica), Médicos del Mundo, CITE-CC 00,4a Asociación de Mujeres Dominicanas en España (AMDE), la Asociación Argentina pro Derechos Humanos, Iepala, la Asociación de Emigrantes Marroquíes en Espafla (AEME), la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), Markasa-Perú y la Asociación Libre de Abogados (ALA) están presentando sus quejas a responsables judiciales, policiales y gubernativos.

La lentitud en la renovación de los permisos de trabajo y residencia es uno de los problemas. Ángeles López, del ALA, asegura que "el papeleo dura de seis a ocho meses, con lo que una vez obtenido el permiso casi hay que proceder inmediatamente a solicitar su renovación". Mientras dura el trámite el inmigrante dispone de un resguardo. "Pero los extranjeros temen salir del país con ese resguardo, porque, a menudo, las autoridades fronterizas y las líneas aéreas no lo dan por válido", añade López.

El director general de Migraciones, Raimundo Aragón, reconoce que en la Dirección Provincial de Traba o de Madrid ha habido un atasco en la renovación de permisos por falta de personal y por problemas informáticos. "Pero, desde hace dos meses hemos solucionado esos problemas y acortado la espera", añade.

Los letrados también denuncian redadas policiales sistemáticas, en las que se lleva a comisaría a personas con sus documentos en regla. "La policía nos dice que hay muchas falsificaciones y que deben comprobar los permisos, pero, ¿es necesario mantener a esas personas durante horas en comisaría?", añade López.

Los procedimientos de expulsión de inmigrantes levantan también ampollas. Según estos abogados 1egalmente, el afectado puede apelar contra la apertura de un expediente de expulsión en 48 horas desde su arresto, pero, como en ese plazo suele permanecer detenido, no es posible que lo haga".

También denuncian que cada vez es más habitual que los jueces permitan el internamiento en el centro de Moratalaz del inmigrante con una orden de expulsión por estancia ilegal "a pesar de que, según diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, la privación de libertad debe ser una medida excepcional". "Además, en los tribunales hay retrasos de años en cualquier demanda judicial interpuesta para pedir la suspensión de las órdenes de expulsión", añaden.

La masificación del Centro de Internamiento de Moratalaz con centenares de detenidos en un recinto pensado para unos 80; su falta de luz y ventilación es otro de los aspectos denunciados. Este periódico no logró conocer ayer la versión de la Jefatura Superior de Policía sobre esta y otras denuncias que le atañen.

En Madrid viven unos 150.000 inmigrantes con permiso de trabajo y residencia, la mitad de países del Tercer Mundo. Se estima que el número de ilegales ronda el 10% de los legales.