Torras tiene un déficit Patrimonial de 152.566 millones, lo que sitúa al grupo en quiebra técnica

El informe de los interventores judiciales de la suspensión de pagos del Grupo Torras estima en 152.566 millones el déficit patrimonial del holding. Las pérdidas acumuladas (197.000 millones) y las deudas superan ampliamente a los activos, lo que sitúa a Torras en quiebra según la ley de Sociedades Anónimas, a menos que el Grupo KIO lo evite a través de una ampliación de capital. Los interventores critican la ocultación sistemática de datos practicada por Javier de la Rosa y su equipo y afirma que desde 1989 la contabilidad del grupo no reflejaba la realidad.

El agujero (desfase ...

El informe de los interventores judiciales de la suspensión de pagos del Grupo Torras estima en 152.566 millones el déficit patrimonial del holding. Las pérdidas acumuladas (197.000 millones) y las deudas superan ampliamente a los activos, lo que sitúa a Torras en quiebra según la ley de Sociedades Anónimas, a menos que el Grupo KIO lo evite a través de una ampliación de capital. Los interventores critican la ocultación sistemática de datos practicada por Javier de la Rosa y su equipo y afirma que desde 1989 la contabilidad del grupo no reflejaba la realidad.

El agujero (desfase entre activo y pasivo) de 152.566 millones de pesetas equivale a ocho veces el volumen de su capital social actual, que es de 19.000 millones de pesetas, mientras que las reservas eran de 40.000 millones de pesetas. Según la ley de Sociedades Anónimas, esta situación obligaría al titular del juzgado número 20 de Madrid, que instruye la suspensión de pagos, a dictar la quiebra y la consiguiente liquidación del Grupo Torras, a no ser que su accionista, el grupo Kuwait Investment Office (KIO), decidiera cubrir el agujero con una macroampliación de capital. Esta hipótesis está completamente descartada, de acuerdo con las fuentes consultadas, próximas a los actuales gestores de Torras.

124 páginas

El informe de los interventores es absolutamente crítico con el anterior equipo gestor de la so ciedad, encabezado por su ex vicepresidente Javier de la Rosa. El documento, compuesto de 124 páginas, más otro centenar de anexos, del que se ha entregado al juez una primera versión provisional, afirma que diferentes operaciones realizadas por Javier de la Rosa empobrecieron al Grupo Torras y lo colocaron en una situación financiera difícil mucho antes de que la crisis del Grupo Torras fuera evidente para la opinión pública.

Concretamente, el informe señala que ya en 1990, es decir dos años antes de que el Grupo KIO destituyera al equipo de Javier de la Rosa, "el nivel de endeudamiento de la compañía y del grupo de filiales, al 30 de junio de 1990, colocó al Grupo Torras en una situación extraordinariamente delicada".

Las deudas en ese momento eran ya de 110.000 millones de pesetas, de los que 84.000 millones de pesetas tenían vencimiento a corto plazo, lo que generaba gastos financieros anuales de 10.000 millones. Estas cifras no incluyen la deuda de las empresas filiales como Torras Hostench London, cuyos créditos en esa fecha sumaban otros 65.000 millones de pesetas.

De este modo, los interventores ponen en duda el argumento de que la falta de nuevas aportaciones monetarias del Grupo KIO precipitó la crisis de Torras y su consiguiente suspensión de pagos en diciembre de aquel mismo año. Este argumento ha sido esgrimido reiteradamente por Javier de la Rosa.

"Gastos ficticios"

¿Cómo fue posible mantener la situación a pesar de que las dificultades aparecieran ya en 1990? En primer lugar manipulando los libros de cuentas. Los interventores explicitan claramente que desde 1989 la contabilidad del grupo no reflejaba la realidad: "Ni de los registros contables de la empresa, ni de sus cuentas anuales se podía deducir la verdadera situación de la empresa, ni por tanto la imagen fiel de su estado patrimonial, ya que si bien existía una contabilidad formal, la misma no registraba la totalidad de las transacciones y compromisos adquiridos por sus administradores en nombre de la sociedad".

En los libros de contabilidad de la sociedad se incluían "gastos ficticios" y, en cambio, no figuraban ni "los compromisos de compra de acciones propias, así como de garantías otorgadas en beneficio de sociedades participadas (...) La firma de contratos de alta dirección y de servicios con cláusulas indemnizatorias elevadísimas, sin reflejo en las cuentas anuales ni en la memoria, son una muestra más del proceder en esta materia", según se recoge en el informe elaborado por los interventores judiciales.