Por qué deben bajar las tarifas telefónicas

Si ya hubiera competencia en las telecomunicaciones en España no se hablaría de si deben subir o bajar las tarifas telefónicas por una razón muy simple: estarían bajando. En efecto, basta con ojear la prensa económica para comprobar que las guerras de tarifas son habituales en los países donde hay competencia en las telecomunicaciones. En Irlanda, las tarifas internacionales han bajado un 40% en cuanto ha entrado a competir otra compañía. En el Reino Unido, el teléfono móvil ha bajado en enero un 20% y una de las compañías competidoras ofrece gratis las llamadas locales durante los fines de se...

Si ya hubiera competencia en las telecomunicaciones en España no se hablaría de si deben subir o bajar las tarifas telefónicas por una razón muy simple: estarían bajando. En efecto, basta con ojear la prensa económica para comprobar que las guerras de tarifas son habituales en los países donde hay competencia en las telecomunicaciones. En Irlanda, las tarifas internacionales han bajado un 40% en cuanto ha entrado a competir otra compañía. En el Reino Unido, el teléfono móvil ha bajado en enero un 20% y una de las compañías competidoras ofrece gratis las llamadas locales durante los fines de semana. También la tarifa local del teléfono ordinario en horas punta ha bajado un 25% en el pasado mes.Como casi todo sube, a veces olvidamos que hay bienes y servicios que bajan de precio todos los años. Un ejemplo espectacular son los ordenadores. Hace siete años, un ordenador del tipo 386 costaba 1.000.000 de pesetas. Si su precio hubiera aumentado como el IPC, hoy valdría 1.400.000 pesetas. Si hubiera aumentado como las tarifas telefónicas. en España -por debajo del IPC, pero creciendo- valdría 1.300.000 pesetas. ¿Habría que felicitarse por ello? No, porque hoy cualquiera puede comprar ese mismo ordenador por sólo 110.000 pesetas. Este saludable derrumbe de los precios se consigue cuando se deja operar en competencia a un sector de intensa innovación tecnológica.

Teniendo en cuenta que los efectos sobre la calidad, el trato al cliente, los nuevos servicios o las colas son más estimables que los que tiene sobre los precios-, lo mejor sería introducir competencia cuanto antes. Introducir competencia en telefonía interurbana e internacional es algo que se puede hacer rápidamente en España porque la inversión básica ya está hecha.

Por ejemplo, Red Eléctrica tiene tendidos 6.000 kilómetros de fibra óptica, que, con algunas inversiones adicionales, serviría para atender a más del 90% de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Además, si no se tarda mucho en introducir competencia, el segundo operador podría ser español. Finalmente, la transición será más suave y gradual si se empieza con poca competencia -dos operadores- que si se espera a que se nos imponga la plena competencia desde fuera y brutalmente. Por todo ello, no deberíamos esperar cuatro años más para hacer lo que otros países están disfrutando desde hace 10.

Pero mientras se decide cuándo se debe introducir competencia, hay que obligar a Telefónica a bajar sus tarifas como si ya hubiera competencia. ¿Cuánto? Alrededor de un 10% o 12% en términos reales, si tomamos como referencia los países donde hay competencia. Así, por ejemplo, en el Reino Unido las tarifas telefónicas deben bajar un 7,5% anual en términos reales. Esta cifra es perfectamente aplicable a España, porque refleja el ritmo intenso al que avanza la innovación tecnológica en este sector. Pero esta reducción sería insuficiente si se aspira a tener precios globales similares a los británicos. Si se le da un plazo de unos años a Telefónica para que ajuste sus costes a los niveles británicos habría que añadir un 2%-4% anual de reducción, lo cual lleva al 10%-12% de reducción en términos reales.

La reducción nominal anual -lo que la gente entiende por bajar los precios- estaría entre el 6% y el 8%. Algunos podrían decir que esa rebaja es insuficiente porque, dado que los salarios en España son inferiores a los británicos, las tarifas deberían reducirse aún más. Pero estas cifras son sólo ilustrativas, lo que importa son los criterios: hay que reducir anualmente las tarifas para incorporar los efectos de la innovación tecnológica y hay que añadir una reducción adicional para poder alcanzar precios competitivos en un plazo razonable.

Para que las empresas de telecomunicaciones españolas sean competitivas y puedan resistir la competencia, se debe cuidar al máximo la fijación de las tarifas de las llamadas locales, de tal forma que cubran exclusivamente los costes que razonablemente cabe imputar a esa actividad.

No debe sorprender que Telefónica, como todos los monopolios, quieta subir mucho los precios de la llamada local -donde durante muchos años no tendrá competencia- para, con esos recursos extraordinarios, tener un respiro a la hora de reducir los costes en los servicios donde está obligada a competir. A nadie le gusta estar forzado a aplicar las políticas incómodas para alcanzar y mantener la competitividad. Pero, si es de esperar que los monopolios quieran tener unas tarifas locales por encima dé unos costes razonables, también es de esperar que se les diga que no.

Todos los países que han introducido competencia en telecomunicaciones han cuidado muchísimo la decisión sobre las tarifas locales, porque es una decisión crucial en el proceso de liberalización. Algunos países, para asegurar que sea imposible el trasvase de recursos, han llegado al extremo de separar radicalmente las actividades en compañías distintas. Así, en Estados Unidos. aplicando el derecho de la competencia, se prohibió al monopolio AT&T operar en el ámbito local. Lo mismo ocurre en Chile.

Las tarifas locales se deben ajustar a unos costes razonables. Pero, ¿qué significa esto?, ¿deben subir o bajar? Telefónica cree que deben subir. Lamentablemente, en la situación actual ni siquiera se puede iniciar la discusión. Para saber qué modificaciones hay que efectuar en las tarifas locales hay que conocer y discutir la contabilidad de costes de Telefónica. El problema es que Telefónica., aunque está obligada por ley, todavía no la ha presentado. Y está obligada a ello por una buena razón.Cuando hay competencia, a nadie le importa conocer los costes de las empresas, ya que los ciudadanos pueden elegir en función de los diferentes precios y calidades. Pero cuando se les fuerza a comprar a una sola empresa un servicio cuya calidad y precio no pueden discutir, tienen derecho, como ante todo impuesto, a conocer dónde va su dinero. Las tarifas locales deberán modificarse solamente después de que 1. Telefónica haya presentado su contabilidad de costes, 2. se haya comprobado que es correcta, 3. se hayan, determinado cuáles son los costes razonables. Se puede -y, en mi opinión, se debe- garantizar a Telefónica que cuando se hayan cumplido esos tres pasos se le fijarán unas tarifas adecuadas a los costes. Pero no se debería aceptar la pretensión de saltarse esos tres pasos.

El riesgo de equivocarse por retrasar una subida es muy pequeño, pues se puede compensar después sin problemas, ya que nadie podrá competir con Telefónica en las llamadas locales por algún tiempo. Por el contrario, el riesgo de equivocarse al alza es gravísimo, porque estamos creando a medio plazo un problema muy difícil de resolver.

Pensemos en Hunosa. El problema de Hunosa fue creado por aquellos que, con la mejor intención de mejorar su balance y prepararla para competir, le fijaron los precios por encima de lo que justificaban unos costes razonables. Ahora es muy difícil corregir ese error. Si hiciéramos lo mismo con Telefónica tendríamos a corto plazo unos años tranquilos, pero el problema aparecería con virulencia cuando se imponga la competencia y sus reglas. Si se quiere ayudar a Telefónica -para mejorar sus ratios financieros, por ejemplo- hay muchas maneras de hacerlo, pero la peor de todas -porque agravará el problema- es permitir que sus precios se alejen de los niveles competitivos.

Obligar ahora a Telefónica a ser eficiente le hará la vida incómoda a corto plazo, pero es la mejor forma de ayudarle a ser competitiva en el futuro. Permitirle la obtención de ingresos extraordinarios no servirá para mejorar su equilibrio financiero, sino para reducir la presión en todo aquello que debe hacer: discutir y renegociar las condiciones contractuales, sistemas de trabajo, sueldos y precios con sus proveedores, trabajadores, directivos y subcontratistas.

Si no hay presión -la de la competencia o la de unas tarifas razonables- no lo hará. Si el dinero le llega con facilidad no estará obligada a ser eficiente. Aún más, es sabido que cuando se es muy generoso al fijar las tarifas, incluso aumenta la ineficiencia a través de incrementos redundantes de plantillas, mayores beneficios sociales, altos precios de proveedores, inversiones poco calculadas, etcétera.

Es verdad que no es agradable decir todo lo anterior a Telefónica, esto es, a los hombres y mujeres que viven directa o indirectamente de ella. Como siempre, y para desgracia de los responsables políticos, las medidas necesarias para recuperar la eficiencia y la competitividad no suelen ser populares entre. quienes se les aplica. Para sanear la economía, el Gobierno ha afrontado ser impopular, con los trabajadores al aprobar la reforma laboral, con los funcionarios al congelar por dos años sus sueldos y con los pensionistas al cambiar el sistema de cálculo y revalorización de las pensiones. Ahora debería hacer lo mismo con una serie de colectivos, como muchas empresas públicas, profesionales y monopolios, aunque se arriesgue a ser desagradable e impopular.

Debería hacerlo pese a que -como explica el Informe del TDC- la cercanía de esas empresas y colectivos a todos los poderes hace que la tarea de reformar en estos casos sea mucho mas difícil que con trabajadores, funcionarios o pensionistas. Esto explica, por ejemplo, que en tos últimos años se hayan hecho tres reformas laborales y todavía no se haya tocado ni una coma de la legislación económica de los profesionales aprobada en 1974. Lo mismo ha pasado con las telecomunicaciones. Desde que se inició la liberalización de este sector en el mundo a principios de los años ochenta, España ha sido un ejemplo de la resistencia a la introducción de competencia. Algo parecido se puede decir de los monopolios locales, la energía eléctrica, las farmacias etcétera.

Las reformas deben hacerse cuanto antes para que la fase de recuperación que está iniciándose no se frustre a causa de las rigideces en los mercados de servicios. Después de la entrada de España en el Mercado Común, centenares de miles de empresarios y millones de trabajadores están sometidos a las reglas de la competencia. Ahora, para poder sobrevivir, esperan que se apliquen las mismas reglas a los sectores que, por diferentes razones, se han escapado de la flexibílización de los mercados.

La decisión sobre las tarifas telefónicas será un signo de que la política de reformas estructurales en los servicios va en serio. No aceptar decidir a ciegas, exigir la información, comprobarla y discutirla es enviar un mensaje a los monopolios de que se ha acabado la vida fácil y, a todos aquellos que todavía disfrutan de privilegios inaceptables en una economía de mercado, de que deben ir preparándose para contribuir a la tarea de hacer más competitiva la economía española.

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