Asunción presenta denuncia por una información publicada en EL PAÍS

El ministro del Interior, Antoni Asunción, presentó ayer, en el juzgado de guardia de Madrid, una denuncia por injurias, calumnias y desacato "contra quien proceda" a raíz de la información publicada en EL PAÍS que le vincula a la adjudicación irregular de tres talleres de cerámica en la cárcel de Picassent (Valencia). "En cuanto he leído la noticia he ido a presentar una denuncia, porque se vierten calumnias e infamias contra mi persona, y no estoy dispuesto a consentirlo", declaró el ministro poco después de personarse, a primera hora de la mañana, en los juzgados de la plaza de Castilla....

El ministro del Interior, Antoni Asunción, presentó ayer, en el juzgado de guardia de Madrid, una denuncia por injurias, calumnias y desacato "contra quien proceda" a raíz de la información publicada en EL PAÍS que le vincula a la adjudicación irregular de tres talleres de cerámica en la cárcel de Picassent (Valencia). "En cuanto he leído la noticia he ido a presentar una denuncia, porque se vierten calumnias e infamias contra mi persona, y no estoy dispuesto a consentirlo", declaró el ministro poco después de personarse, a primera hora de la mañana, en los juzgados de la plaza de Castilla.

Asunción multiplicó ayer sus declaraciones a los medios de comunicación para replicar al anterior gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, Rafael Martínez Torrecilla, a quien el ministro responsabilizó de las adjudicaciones a dedo. Asunción tildó de "absolutamente falsa" la información que le atribuye trato de favor a dos supuestos amigos suyos en la instalación de tres talleres de cerámica en la cárcel de Picassent, en 1990, por importe de 20 millones de pesetas, cuando él era secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios.En la adjudicación, de la que el propio ministro admitió que estuvo "viciada", fueron agraciados los empresarios valencianos Vicente Manuel Bes Aloy, gerente de la desaparecida empresa Maintegas, y el ceramista Ramón Inglés Capella. "No son amigos míos", manifestó el ministro, rotundo, a Onda Cero. En la denuncia, Asunción alega que las acusaciones que le relacionan con esta irregularidad atentan a su dignidad, y le pide al juez que intervenga contra los presuntos delitos de injurias, calumnias y, "por la función que desempeño", desacato.

El ministro emplaza al magistrado a investigar estos delitos y a "determinar a sus responsables". Posteriormente aclaró que la denuncia va dirigida "contra quien proceda".

"Soy el primer interesado en aclarar este asunto y, por ello, a las nueve de esta mañana ya estaba presentada la correspondiente denuncia", manifestó el ministro, quien subrayó, como ya hiciera su secretario personal en declaraciones a EL PAÍS, que "el responsable de este asunto es este gerente [Rafael Martínez Torrecilla], que es el que contrató y el que buscó a estas personas". ,

El titular de Interior insistió en sus encuentros con la prensa en negar cualquier tipo de vinculación con ambos empresarios. "Los adjudicatarios de esta concesión irregular que formuló el gerente de Trabajos Penitenciarios no son amigos míos". "Este gerente", declaró el ministro a Onda Cero, "fue destituido posteriormente por otros motivos, y hoy, en base a una investigación ordenada precisamente por mí cuando yo era responsable de las cárceles, tiene una acusación del fiscal de siete años por apropiación indebida y otros delitos cometidos". Martínez Torrecilla fue denunciado, el 26 de julio de 1993, por presunta adjudicación a empresas fantasma de obras por un total de 755 millones de pesetas, aunque no por el caso Picassent.

En la información facilitada ayer por este periódico, Rafael Martínez Torrecilla argumentó que el presidente del consejo de administración de Trabajos Penitenciarios cuando se adjudicó a dedo la instalación de los tres talleres era Asunción. "Yo hacía lo que me decían desde arriba", indicó. Según Martínez Torrecilla, fue Mercedes Jabardo, entonces directora de la prisión de Picassent, quien le ordenó que adjudicase a Maintegas la instalación de los talleres.

Asunción advirtió que Martínez Torrecilla "tendrá que decir quién es el que le ordenó" cometer irregularidades y mantener sus acusaciones ante el juez.

El pasado miércoles, Ignacio Gil Lázaro, diputado del PP, efectuó una pregunta parlamentaria en la que observó que sobre la "anómala" adjudicación de los trabajos de Picassent pesa la sospecha de "amiguismo".