Los mediadores en el rescate de Revilla dicen que obraron en nombre de la familia

José María Elosúa, parlamentario autonómico de Herri Batasuna(HB), y el industrial vasco Francisco Arratibel, acusados de actuar como intermediarios de ETA para el cobro del rescate de Emiliano Revilla en 1988, afirmaron ayer en la primera sesión del juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que actuaron en defensa de los intereses de la familia del empresario secuestrado. El fiscal pide para cada uno de los procesados ocho años de carcel por un delito de colaboración con banda armada.

Ambos acusados explicaron su participación en las negociaciones aludiendo a dos per...

José María Elosúa, parlamentario autonómico de Herri Batasuna(HB), y el industrial vasco Francisco Arratibel, acusados de actuar como intermediarios de ETA para el cobro del rescate de Emiliano Revilla en 1988, afirmaron ayer en la primera sesión del juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que actuaron en defensa de los intereses de la familia del empresario secuestrado. El fiscal pide para cada uno de los procesados ocho años de carcel por un delito de colaboración con banda armada.

Ambos acusados explicaron su participación en las negociaciones aludiendo a dos personas fallecidas. Según Elosúa, fue el abogado donostiarra Antonio Ibarguren, muerto en un accidente de montaña, quien le hizo llegar las exigencias de ETA. Por su parte, Arratibel acusó al empresario Iñaki Aseguinolaza -que actuó como intermediario de la familia Revilla en el primer pago, frustrado por la policía francesa- de haberle engañado al presentarle ante ETA como el "hombre de repuesto" para continuar las negociaciones. Aseguinolaza murió en febrero de 1993.El abogado José María Elosúa, que prestó declaración vistiendo toga y sentado junto a su defensor, Miguel Castells, señaló que su primer contacto con la familia. Revilla tuvo lugar a través de Miguel Gil Lausaque, un funcionario jubilado, a quien prestó "asesoramiento sobre las vicisitudes del secuestro" y negó que transmitiera dato alguno sobre "el precio del rescate, las exigencias de ETA, o el estado del secuestrado". Elosúa destacó que abandonó los contactos porque "Gil era inoperante".

El parlamentario de HB confirmó ayer que unos días antes de reanudar los contactos con el nuevo representante de los Revilla, Domingo Estrada, supo que el abogado donostiarra Antonio Ibarguren "tenía posibilidades de realizar gestiones ante ETA". Según aseguró, Ibarguren le hizo saber que ETA exigía 2.000 millones de pesetas para.liberar a Revilla. En contra de las afirmaciones de otros testigos, Elosúa subrayo que se limitó a transmitir a los representantes de los Revilla la información de Ibarguren y rechazó conocer las condiciones de entrega del dinero.

Colaboración con ETA

El fiscal atribuye a Elosúa la responsabilidad de colaborar con ETA en el primer intento de cobrar el rescate de Revilla. Según sus conclusiones provisionales, fue la persona que transmitió a los representantes de la familia Revilla la forma de entregar a ETA en Francia 750 millones de pesetas. La policía francesa logró recuperar el dinero y detuvo a un miembro de ETA cuando acudía a recoger el rescate. Elosúa dijo que no citó a Ibarguren en sus primeras declaraciones "amparado por el secreto profesional y porque le había pedido discrección".

Elosúa señaló ayer que Egia Kolektiboa, el despacho de abogados de San Sebastián en el que está integrado, había acordado "no pasar minuta de honorarios" a la familia Revilla, pero que aceptaron un millón de pesetas por cortesía.

Por su parte, Francisco Arratibel recordó que había aceptado mediar en el pago del secuestro "bajo amenazas de muerte". Ante el tribunal, re cordó que viajó a Francia para entrevistarse con un portavoz de ETA engañado por Iñaki Aseguinolaza, quien sin su con sentimiento le presentó como "el hombre de repuesto para continuar las negociaciones". Arratibel aseguró ayer que la entrega en depósito de 75 millones para compensarle de perjuicios derivados de su intermediación fue propuesta por los representantes de los Revilla.

El dinero exigido por ETA se pagó a través de Arratibel en dos entregas en territorio español, de 500 y 600 millones de pesetas. A esta cantidad se sumaron el depósito para Arratibel y otros 55 millones, entregados al receptor del rescate para pagar a las personas que trasladaron el dinero a Francia, según el procesado.