El pirateo de la señal de Canal + provoca denuncias contra 50 vídeos

Medio centenar de vídeos comunitarios de toda la geografía española han sido ya intervenidos por la policía, como consecuencia de órdenes judiciales que responden a denuncias de Canal + por piratear su señal. La semana pasada se produjo la última intervención de estas características, en Almería, cuando el vídeo comunitario Tele Pavía fue intervenido mientras retransmitía ilegalmente la programación codificada de la citada cadena.Tele Pavía, que contaba con un número estimado de 3.000 abonados, había instalado los aparatos en el almacén de un bar, propiedad de Félix Amate y Rafael Montilla, qu...

Medio centenar de vídeos comunitarios de toda la geografía española han sido ya intervenidos por la policía, como consecuencia de órdenes judiciales que responden a denuncias de Canal + por piratear su señal. La semana pasada se produjo la última intervención de estas características, en Almería, cuando el vídeo comunitario Tele Pavía fue intervenido mientras retransmitía ilegalmente la programación codificada de la citada cadena.Tele Pavía, que contaba con un número estimado de 3.000 abonados, había instalado los aparatos en el almacén de un bar, propiedad de Félix Amate y Rafael Montilla, quienes fueron detenidos y puestos en libertad veinticuatro horas más tarde, con la obligación de comparecer cada quince días ante el juez.

Canal + destinó más de 200 millones de pesetas, a lo largo de 1993, a la lucha contra la piratería de su señal codificada, y prevé incrementar esa cantidad en el futuro, según un portavoz de la cadena. La política de Canal + de presentar denuncias por uso ilegal de su decodificador se ha traducido ya en la apertura de una treintena de procesos -uno de ellos recientemente fallado con pena de tres meses de cárcel para el responsable-, así como en requerimientos a presidentes de comunidades de vecinos que presuntamente realizan tales prácticas ilegales.

La piratería de la señal codificada de una televisión de pago es un delito previsto en el artículo 534 bis del Código Penal, y sancionado con penas pecuniarias de hasta diez millones de pesetas y privación de libertad por un periodo de dos años.