El Fondo de Garantía cambiará su normativa para que el comprador de Banesto no lance una OPA
La crisis de Banesto va a obligar al Gobierno a modificar la normativa del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios. De esa manera, las acciones de entidades financieras que adquiera el Fondo para ayudar a sanearlo -como está previsto, en el caso de Banesto, con la suscripción de una ampliación de capital por 180.000 millones- estarían exentas de que un futuro comprador de las mismas tenga que lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), aunque así esté contemplado en la Ley del Mercado de Valores.
El Fondo tiene previsto suscribir, según el plan de re...
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La crisis de Banesto va a obligar al Gobierno a modificar la normativa del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios. De esa manera, las acciones de entidades financieras que adquiera el Fondo para ayudar a sanearlo -como está previsto, en el caso de Banesto, con la suscripción de una ampliación de capital por 180.000 millones- estarían exentas de que un futuro comprador de las mismas tenga que lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), aunque así esté contemplado en la Ley del Mercado de Valores.
El Fondo tiene previsto suscribir, según el plan de reflotamiento aprobado por el Banco de España y los grandes bancos, la ampliación de capital que, por valor de.180.000 millones de pesetas, se va a hacer en Banesto. Esta cantidad, suponiendo que el Fondo la suscribiera en su totalidad, ronda el 70% del capital futuro de Banesto. El acuerdo entre los bancos contempla también que el Fondo venda esa participación al mejor postor con posterioridad.Con la Ley del Mercado de Valores en la mano, el comprador -ya sea uno solo o un pool de bancos y cajas- tendría que lanzar una OPA al menos por el 75% del capital. Según dicha ley, cuando se desea adquirir más del 50% del capital de una entidad, como es el caso del paquete que tendrá el Fondo en Banesto, la entidad compradora debe hacer una oferta por el 75% del capital como mínimo. Si los compradores son varios, se considera que todos están de acuerdo para comprar un solo paquete y repartírselo, por lo que obliga igualmente a la OPA.
A esta oferta, además, podrían acudir a vender todos los accionistas de Banesto (incluidos los que ya lo sean de antes de la mencionada ampliación) porque tienen ese derecho. Ello implicaría un sobrecoste para el comprador que no está reflejado en el acuerdo, que únicamente hace referencia a las acciones que adquiera el Fondo. Al introducirse la exención de OPA para casos como el de Banesto, el comprador no tendrá que hacerse cargo de ese sobrecoste ni tampoco llegar al 75%. Al ser al mejor postor la venta que hará el Fondo, no se decarta que esta institución, participada por las entidades financieras, pueda recuperar una gran parte de la inversión que haga para sanear Banesto.
La introducción de esta exención en el reglamento del Fondo no despeja la polémica que existe sobre los derechos preferentes de suscripción de acciones en la futura ampliación de capital de Banesto. Según la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas de una entidad tienen derecho preferente de suscripción cuando se aborda una ampliación de capital. En ese sentido, el ex presidente de Banesto, Mario Conde, y otros nueve ex consejeros enviaron un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que velara por esos derechos. La Comisión contestó ayer que "la reserva del derecho de suscripción preferente a los accionistas de Banesto no entra en sus competencias, ya que corresponde al derecho societario".
El escrito de Conde genero polémica en el entorno del Banco de España, cuyos responsables sostienen que "si hay dinero público para sanear un banco, no parece lógico que sean los antiguos accionistas quienes se beneficien de las ayudas". Esta apreciación va dirigida especialmente a los anteriores gestores del banco, que, incluido el fondo Corsair (propietario del 8% del capital del banco), alcanzan una participación superior al 15%. Por ese motivo, mantienen que debería eliminarse el derecho preferente de suscripción, cuya fórmula más sencilla es que así lo determine la mayoría de los accionistas en la junta general.