PSOE e IU critican la sentencia del Constitucional que limita los gastos en los ayuntamientos
Una sentencia del Tribunal Constitucional concede ahora al Gobierno central un nuevo instrumento basado en "razones de coyuntura económica o solidaridad nacional" para limitar los gastos de personal de los ayuntamientos. La sentencia ha sido duramente criticada por la oposición municipal, IU y PSOE, y por los sindicatos, que la consideran "un golpe de estado contra la negociación colectiva". El Partido Popular, que gobierna en la capital y ha suprimido la tercera paga de sus trabajadores porque excedía el tope estatal del 1,8%, entiende que la sentencia ampara esta medida.
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Una sentencia del Tribunal Constitucional concede ahora al Gobierno central un nuevo instrumento basado en "razones de coyuntura económica o solidaridad nacional" para limitar los gastos de personal de los ayuntamientos. La sentencia ha sido duramente criticada por la oposición municipal, IU y PSOE, y por los sindicatos, que la consideran "un golpe de estado contra la negociación colectiva". El Partido Popular, que gobierna en la capital y ha suprimido la tercera paga de sus trabajadores porque excedía el tope estatal del 1,8%, entiende que la sentencia ampara esta medida.
La sentencia del alto tribunal no sirve para justificar la supresión de la tercera paga, dicen los representantes de los trabajadores El Constitucional, según el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, "confirma que la ley debe prevalecer por encima de los convenios", informa Efe. La sentencia de este tribunal, difundida anteayer, resalta que además de lo que puedan establecer las leyes de Presupuestos del Estado, el Gobierno podrá poner límites a los gastos de personal en los Ayuntamientos."Una cosa es que el Ayuntamiento se niegue a pactar una subida del 4% porque el Estado limita el incremento al 1,8% y otra es que el Gobierno municipal se niegue a cumplir lo pactado libremente por dos partes en el convenio colectivo", indica Manuel Sánchez, portavoz de UGT.
Luis María Huete, segundo teniente de alcalde y portavoz del PP, cree que la sentencia del Tribunal Constitucional les da la razón y pone un ejemplo: "Es como si nosotros decidiéramos que en el 2002 íbamos a pagar 20 millones a un jefe de negociado, pero hay una Ley de Presupuestos del Estado que lo impide. Pues tendríamos que cumplirla".
Cumplir lo pactado
Franco González, concejal de IU, no comparte el argumento de Huete: "El PP ya conocía los presupuestos del Estado cuando negoció el convenio y tiene que cumplir con lo pactado", señala. El edil socialista José María de la Riva comparte esta opinión. "Me va a decir el PP por qué estas navidades sólo ha habido turrón de chocolate para funcionarios de su confianza, a los que se ha subido entre 25.000 y 30.000 pesetas. Eso está muy por encima del 1,8%".CC OO también insiste en esta presunta contradicción. Rosa González, portavoz del sindicato, reflexiona sobre las "razones de coyuntura económica o solidaridad nacional" que esgrime el Tribunal Constitucional: "Me parece muy peligroso que a los límites ya establecidos por los Presupuestos del Estado se añada ahora la solidaridad", indica. González entiende que la sentencia hace posible un mayor intervencionismo estatal, y esto significa que "se está vulnerando el principio de autonomía municipal". El portavoz del PP, Luis María Huete, rebate esta interpretación: "Ya existe una Ley de la Función Pública que regula las retribuciones de los funcionarios y no está recurrida por nadie".
Los grupos de la oposición, como los sindicatos, también consideran que la autonomía municipal se queda bajo mínimos con esta sentencia. "Por encima de todas las leyes está la Constitución, que defiende la autonomía municipal. Cualquier limitación, como la que ampara el Tribunal Constitucional, va contra la autonomía municipal", afirma Franco González. "A partir de esta sentencia, los convenios colectivos de las administraciones públicas no sirven para nada", recalca José María de la Riva.
El portavoz de UGT, Manuel Sánchez, zanja la cuestión: "Decir que el Gobierno central tiene potestad para impedir el cumplimiento de los convenios es un golpe de Estado a la negociación colectiva. No sé si el Constitucional considera más importante imponer topes a todo el mundo o el derecho a la negociación colectiva".
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