El Gobierno pide responsabilidades al Cesid

El Gobierno ha dado instrucciones al director general del Centro Superior de In formación de la Defensa (Cesid), teniente general Emilio Alonso Manglano, para que exija responsabilidades por la implicación de ex miembros o colaboradores del servicio de espionaje en la red de escuchas ilegales desmantelada en Barcelona. La exigencia de responsabilidades afectará, como mínimo, a quienes sacaron documentos internos del Cesid, que han sido requisados a la trama mafiosa, violando las normas de seguridad del centro, según fuentes gubernamentales. La instrucción evidencia que el servicio de inteligen...

El Gobierno ha dado instrucciones al director general del Centro Superior de In formación de la Defensa (Cesid), teniente general Emilio Alonso Manglano, para que exija responsabilidades por la implicación de ex miembros o colaboradores del servicio de espionaje en la red de escuchas ilegales desmantelada en Barcelona. La exigencia de responsabilidades afectará, como mínimo, a quienes sacaron documentos internos del Cesid, que han sido requisados a la trama mafiosa, violando las normas de seguridad del centro, según fuentes gubernamentales. La instrucción evidencia que el servicio de inteligencia no se considera totalmente ajeno a las actividades de la red y no va a permanecer cruzado de brazos a la espera de que los jueces concluyan sus pesquisas.

El ministro de Defensa, Julián García Vargas, comparecerá mañana en el Congreso para informar, a petición del Grupo Catalán, sobre la presunta implicación del principal servicio de inteligencia del Estado en el escándalo de las escuchas ilegales y extorsión a conocidos empresarios, especialmente del mundo de la comunicación.La Mesa del Congreso, con los votos de socialistas y nacionalistas catalanes y canarios, rechazó una petición del Partido Popular e Izquierda Unida para que fuese el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, quien informase sobre el tema.

El Gobierno sigue sosteniendo que el Cesid como institución. no está implicado en el caso, pero se muestra preocupado por el hecho de que algunos de sus miembros o colaboradores estén relacionados con organizaciones maflosas como la desmantelada en Barcelona.

Las actividades del Cesid, por su carácter secreto, escapan al conocimiento y control del Parlamento. Lois miembros del servicio tienen prohibido revelar sus actividades al juez si fueran interrogados sobre ellas. Sólo un férreo control interno pueden garantiza que los agentes no utilicen en beneficio propio las técnicas o informaciones a las que tienen acceso por su trabajo.

Control interno

Este autocontrol, del que hasta ahora el Gobierno se mostraba satisfecho, es el que ha quedado en entredicho con la detención de Fernando Rodríguez González, coronel del Cesid hasta el pasado 27 de julio, Manuel María Sánchez, ex guardia civil del centro, y Mikel Legarza Eguía, El Lobo, antiguo infiltrado en ETA del Cesid, como miembros destacados de la trama ilegal que operaba alrededor del diario La Vanguardia.

Nada más destaparse el escándalo, el pasado 15 de noviembre, el Cesid envió dos agentes a Barcelona para conocer de primera mano, en medios judiciales y policiales, el desarrollo de la investigación y el grado de implicación de personal de La Casa, como se conoce coloquialmente al servicio de espionaje.

Estas primeras indagaciones permitieron al ministro de Defensa, Jullán García Vargas, en cuya departamento está encuadrado el Cesid, aunque depende de Presidencia del Gobierno, afirmar que ningún agente en activo figuraba entre los acusados.

La exculpación pública no ha significado, sin embargo, la paralización de la investigación interna y de la exigencia de las consiguientes responsabilidades. Los tribunales deberán despejar todavía la sospecha de si los ex agentes del servicio secreto facilitaban a sus antiguos jefes y, en último término, al propio Gobierno, la información que obtenía la red sobre cuestiones tan controvertidas como las operaciones para controlar medios de comunicación.Pero al margen de lo que decida la Justicia, corresponde al propio Cesid aclarar, como mínimo, el trasvase a la red de extorsionadores de documentos internos del centro, que han sido incautados por el juez e incorporados al sumarlo. En la hipótesis más grave, dicha filtración constituiría un delito de revelación de secretos, tipificado tanto por el Código Penal militar como por el ordinario.

En el caso más leve, se trataría de una violación del compromiso, que adquieren todos los miembros del Cesid al ingresar en el centro, de guardar en secreto lo que conozcan mientras trabajan en el mismo, incluso después de haberlo abandonado. En cualquiera de los supuestos, se trata de un fallo en los sistemas de seguridad internos del servicio de inteligencia.

Relevo descartado

Fuentes gubernamentales señalan que, en estas condiciones, la sustitución de Manglano, sobre la que se han multiplicado las especulaciones durante los últimos meses, está descartada.Aunque el relevo del director, con una edad de 67 años y más de 12 en el cargo, deberá abordarse a medio plazo, sustituirle ahora se interpretaría como una aceptación de culpabilidad y haría más difícil llegar hasta el final en la determinación de responsabilidades y en la adopción de medidas que impidan que hechos similares puedan repetirse, según las mismas fuentes.El propósito, sin embargo, es que tanto la investigación interna como las medidas correctivas que puedan adoptarse se desarrollen con la máxima discreción, evitando que el servicio se vea salpicado por el escándalo en mayor medida que hasta ahora.

El control interno del Cesid se vuelve más necesario por el extraordinario desarrollo que ha experimentado en España el mercado de la información confidencÍal, que sirve a muchas empresas para adoptar decisiones estratégicas o conocer los planes de sus competidores. Los agentes de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, pueden multiplicar sus ingresos si utilizan en beneficio privado la experiencia adquirida en obtener información para el Estado.

Por ello, el caso de Barcelona ha vuelto a poner sobre el tapete la posibilidad de aplicar un régimen de incompatibilidades más severo a los agentes del Cesid cuando abandonen el servicio. Aunque fuentes de Defensa consideran "muy complicado" aplicar un régimen específico a a los ex miembros del centro, el asunto volverá a debatirse cuando se apruebe el estatuto del personal del Cesid, pendiente desde 1989.

Este estatuto deberá poner orden en la heterogénca plantilla del centro, casi 2.000 personas entre militares, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, que están sometidos a regímenes penales y disciplinarios distintos en función de su procedencia.