La oposición exige que el Parlamento controle al centro de inteligencia

El escándalo de la red de escuchas ilegales de Barcelona, en el que hay Implicados ex agentes o colaboradores del servicio secreto, ha coincidido con la presentación en el Congreso de dos proposiciones no de ley que pretenden someter al Cesid al control parlamentario.La primpra la presentó el 22 de octubre Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya y su objetivo es crear una comisión especial del Congreso "que se ocupe permanentemente de controlar las actividades de los servicios de información del Estado". La fórmula se inspira en la experiencia de países como Italia, donde los servicios secret...

El escándalo de la red de escuchas ilegales de Barcelona, en el que hay Implicados ex agentes o colaboradores del servicio secreto, ha coincidido con la presentación en el Congreso de dos proposiciones no de ley que pretenden someter al Cesid al control parlamentario.La primpra la presentó el 22 de octubre Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya y su objetivo es crear una comisión especial del Congreso "que se ocupe permanentemente de controlar las actividades de los servicios de información del Estado". La fórmula se inspira en la experiencia de países como Italia, donde los servicios secretos se han visto involucrados en los más importantes escándalos de los últimos años.

La proposición presentada el 25 de noviembre por el Partido Popular es de pretensiones más modestas. No pretende vigilar las operaciones del Cesid, sino definir los principios que deben orientar su actividad. El Partido Popular asegura basarse en la experiencia que supuso en 1991 la creación de una ponencia especial, en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso, para debatir el futuro de las Fuerzas Armadas, cuyas conclusiones sirvieron de base a la ley del Servicio Militar y a la Directiva de Defensa Nacional.

No obstante, la propuesta popular no oculta que la ponencia debería definir los "objetivos y medios" del Cesid, y el mecanismo para ejercer un efectivo "control parlamentario".

Hasta ahora, la fiscalización parlamentaria del centro de inteligencia se ha limitado a la aprobación de la partida que figura en el capítulo correspondiente del presupuesto de Defensa, 7.000 millones en el último ejercicio, y que no abarca la totalidad de los gastos del Cesid.

Además, esta fiscalización, como la que realiza el Tribunal de Cuentas, se ve limitada por el hecho de que buena parte de dicha partida corresponde a fondos reservados.El Gobierno se ha negado a las peticiones de que el director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano, comparezca ante el Congreso, salvo en un par de ocasiones, y siempre con motivo del debate presupuestario, por lo que las preguntas han tenido un carácter casi exclusivamente contable.

No más pródigo ha sido el responsable del servicio secreto con la prensa, si se exceptúa la entrevista que concedió en marzo pasado a la cadena SER y su asistencia a algún curso de verano en El Escorial.

Recientemente, el ministro Julián García Vargas ofreció a la Mesa de la Comisión de Defensa la posibilidad de conocer la sede central del Cesid en la carretera de La Coruña, en las afueras de Madrid, pero se trataría de una visita de cortesía.

Esta situación cambiará si se aprueba alguna de las proposiciones presentadas, lo que dependerá de la posición que adopte el Grupo Catalán cuando se voten en febrero.