Uno de cada 10 beneficiarios del salario social lo pierde por fraude
Un 10% de las 14.000 familias que desde 1990 han pasado por el programa del Ingreso Madrileño de Integración (IMI) -el salario para pobres- ha dejado de cobrar esta ayuda por fraude en la declaración de sus medios económicos.Pero también existen otras pausas para dejar de percibirlo. Un 32% de familias lo han perdido por encontrar trabajo y otro 32% por no cumplir las condiciones para cobrarlo. Dichas exigencias, denominadas contrato de integración, dependen de los casos y pueden suponer tener escolarizados a los hijos, participar en cursos ocupacionales o acudir a clases de alfabetizac...
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Un 10% de las 14.000 familias que desde 1990 han pasado por el programa del Ingreso Madrileño de Integración (IMI) -el salario para pobres- ha dejado de cobrar esta ayuda por fraude en la declaración de sus medios económicos.Pero también existen otras pausas para dejar de percibirlo. Un 32% de familias lo han perdido por encontrar trabajo y otro 32% por no cumplir las condiciones para cobrarlo. Dichas exigencias, denominadas contrato de integración, dependen de los casos y pueden suponer tener escolarizados a los hijos, participar en cursos ocupacionales o acudir a clases de alfabetización.
Entre las mujeres con cargas familiares no compartidas, uno de los principales grupos de beneficiarios del salario, la principal causa de extinción de la ayuda es no cumplir con las exigencias del programa. Las familias con parados de larga duración suelen perder el IMI porque consiguen trabajo.
Los incumplimientos del llamado contrato de integración son más habituales en la ciudad de Madrid que en la corona metropolitana. En, la capital, un 37% de las extinciones de la ayuda se deben a esta causa, frente a un 24% en los municipios.
Desde 1990 han pasado 14.000 familias madrileñas por el programa. En estos monientos hay 7.000 que cobran el salario social. En sus inicios se pretendía que fueran 20.000 las beneficiarias de esta ayuda. Pero nunca se ha alcanzado dicha cota.
La modificación de las condiciones económicas para acceder a este programa, en 1992, han podido influir en el estancamiento del número de perceptores. Desde entonces, a los vendedores ambulantes o limpiadoras por horas que declaraban ingresos irrisorios se les supuso que contaban con un sueldo mínimo de 32.000 pesetas. Con lo que las ayudas que recibían se reduje ron, ya que la cuantía que el beneficiario del salario recibe está siempre en función de sus ingresos. Para CC OO, esta medida desanimó a numerosas familias, que consideraron un engorro participar en cursos o en otras actividades para recibir 10.000 o 20.000 pesetas mensuales.