El caso del ladrón adivino

Otra forma de estafa es la que empleó Eduardo C. Constituyó en Madrid la sociedad Almacenes Campos, dedicada a la venta al por mayor de licores y productos alimenticios. Confraternizó con la firma riojana Vinícola Internacional, SA. Le hizo un primer e insignificante pedido de género. Todo marchó bien y se ganó la confianza del proveedor. El segundo pedido ascendió a 688.720 pesetas. Una vez con el material en la mano, cerró la sede social de la entidad y se quedó con todo. Fue condenado a un mes y un día de cárcel y a devolver el dinero. "Acredítese, en su caso, la solvencia del acusado", ord...

Otra forma de estafa es la que empleó Eduardo C. Constituyó en Madrid la sociedad Almacenes Campos, dedicada a la venta al por mayor de licores y productos alimenticios. Confraternizó con la firma riojana Vinícola Internacional, SA. Le hizo un primer e insignificante pedido de género. Todo marchó bien y se ganó la confianza del proveedor. El segundo pedido ascendió a 688.720 pesetas. Una vez con el material en la mano, cerró la sede social de la entidad y se quedó con todo. Fue condenado a un mes y un día de cárcel y a devolver el dinero. "Acredítese, en su caso, la solvencia del acusado", ordenaba el juez. Si resulta insolvente y ha gastado el dinero, o consumidos los productos, y no tiene para devolverlo, no suele pasar nada, según fuentes judiciales. Por impago de deudas, es muy raro que alguien vaya a la cárcel.El caso del perillán perfumado también ha pasado por los juzgados de Madrid, con la oportuna sentencia condenatoria. Al sujeto en cuestión, Alejandro T., de 33 años, le ha costado la broma muchos disgustos judiciales y dos palizas. El que le zurró, Sergio B., fue uno de los estafados.

Cada vez que le ve en el juzgado, Sergio se pone negro y se ciega de ira. Alejandro se hizo pasar -presuntamente, porque la condena que ya tiene está pendiente de revisión en la Audiencia- por un recaudador de impuestos y se pateó decenas de locales públicos del madrileño barrio del Pilar con diversos carnés.

Llegaba a un bar, lo revisaba, y más o menos decía lo siguiente: "Soy inspector municipal. Le tengo que poner una multa de 250.000 pesetas porque en el aseo no hay papelera y falta un secamanos. Aunque, si la paga ahora mismo, la multa se puede quedar en algo menos". Los comerciantes, asustados, pagaban, aunque al ver la flexibidad del falso inspector se permitían incluso un poco de regateo. Mediante esta fórmula se quedó, por ejemplo, con 26.000 pesetas de Javier Mollano -empezó pidiéndole 250.000-, sólo una del reguero de víctimas que dejó en el barrio. Reunió así cerca (de medio millón de pesetas.

Narra un magistrado de Madrid el curioso caso del hombre que decía ser sargento del Ejército y decidió vender su coche de segunda mano por 200.000 pesetas. El comprador le pagó en mano los 40.000 duros. Al cabo de unos días, el falso sargento visitó al comprador. "He cometido un error muy grande y confío en que se apiade de mí y me ayude. Cuando mi mujer y mis hijos se han enterado de que había vendido el coche -le tenían mucho cariño, ¿sabe usted?- me han echado una regañina que... Le ruego que ahora me lo venda a mí... aunque tenga que darle 25.000 pesetas más".

El hombre, abrumado por el problema, accedió. "Mire, tengo el dinero en casa, pero no puedo ir allí sin el coche. Le doy este talón (por 225.000) y usted lo cobra en el banco el lunes (era viernes). El lunes el comprador se encontró sin sus 40.000 duros y sin el coche", relata el magistrado.

Los trileros no han muerto aún. Siguen entrando en los juzgados, aunque menos que hace años, timos tan obsoletos como el de la estampita o el tocomocho. Las viejas estafas, según un magistrado de la plaza de Castilla, están dando paso a otras más sutiles y sofisticadas.

Ahora mismo, el Juzgado de Instrucción número 13 investiga el caso de un sujeto que se aprovecha de que la línea telefónica de un cajero automático está desconectada de la central para sacar, casi todos los días, 10.000 pesetas. Se han embolsado ya más de un millón.

Existen cajeros que, cuando no tienen conexión con su ordenador, ofrecen al cliente 10.000 pesetas para salir del apuro. El propietario de la tarjeta en cuestión (que dice ser informático de profesión y empleado de una entidad de ahorro) jura que él no es quien ha sacado ese dinero. Y muestra una extraña carta, según fuentes judiciales, en la que informa a la oficina bancaria de la pérdida de su tarjeta. El banco niega haber recibido tal carta, pero se ve incapaz de evitar que el individuo siga sacando el chorreo de dinero.

Mientras, el fiscal y el juez se devanan los sesos: no saben si acusarle o no. Ante la duda... En contra del sospechoso figura el hecho de que los números de las tarjetas son secretos.

¿Si ciertamente la robaron o se extravió, cómo sabía el atracador el número secreto?