La delegación diocesana 'dimite' del realojamiento de Peña Grande

La decisión de la Comunidad de no aportar pisos públicos para realojar a chabolistas marroquíes de Peña Grande, en Fuencarral, ha provocado que la Delegación Diocesana de Inmigración (ASTI) deje de colaborar con las instituciones en este asunto. Esta asociación eclesiástica, con una red de 14 centros de promoción y acogida, ha trabajado estrechamente con la Comunidad para buscar soluciones a la problemática de los inmigrantes en la región. Hasta ahora por lo menos.El pasado 4 de junio envió una carta de renuncia a todas las instituciones que integran la comisión de trabajo de Peña Grande. Repr...

La decisión de la Comunidad de no aportar pisos públicos para realojar a chabolistas marroquíes de Peña Grande, en Fuencarral, ha provocado que la Delegación Diocesana de Inmigración (ASTI) deje de colaborar con las instituciones en este asunto. Esta asociación eclesiástica, con una red de 14 centros de promoción y acogida, ha trabajado estrechamente con la Comunidad para buscar soluciones a la problemática de los inmigrantes en la región. Hasta ahora por lo menos.El pasado 4 de junio envió una carta de renuncia a todas las instituciones que integran la comisión de trabajo de Peña Grande. Representantes del Gobierno regional y de la Delegación del Gobierno aseguraron ayer que "fue un malentendido que está resuelto" (ver EL PAÍS de ayer). Pero la delegación diocesana mantiene su postura.

La carta de ASTI dice textualmente: "Nos ha sorprendido que se retiren por completo las viviendas públicas". El acuerdo institucional era claro: las 60 primeras familias saldrían en junio, 30 a pisos públicos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid y 30 a alquileres con aval oficial. La Comunidad descartó poner pisos sociales. El Ayuntamiento asegura que mantiene su propuesta de 14 viviendas.

"Y lo que más nos ha dolido es que se retiren las viviendas públicas afirmando que hay cláusulas restrictivas que lo impiden. No se puede dilatar más el reconocimiento. pleno de derechos de los inmigrantes, hay que saberlo explicar al pueblo de Madrid si hace falta", añade la delegación diocesana.

Restricciones a extranjeros

Antonio Martínez, portavoz de ASTI, recuerda que en 1989 el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad, denegó una vivienda social a una madre inmigrante. Las razones aducidas eran, según Martínez, que su embajada debía demostrar en 10 días que existe un tratado internacional con su país y que en él también se arrendaría un piso público a un español. "Ahora nos vuelven a hablar de cláusulas restrictivas", explica. "Los habitantes de 200 chabolas no se realojan sólo a base de alquileres avalados", añaden.La consejera de Integración Social del Gobierno regional, Elena Vázquez, reitera que "hay muchos españoles esperando vivienda". Sin embargo, asegura que va a impulsar las modificaciones necesarias para que las cláusulas restrictivas que menciona la delegación diocesana desaparezcan de la normativa de vivienda social en la región.