12 años para suprimir las barreras a los minusválidos
La Asamblea de Madrid aprobó ayer por unanimidad la Ley de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, de aplicación inmediata, que los interesados califican de "puntera" en España. La ley da un plazo de 12 meses a los municipios para que adapten sus normas y de 12 años a las administraciones para suprimir los obstáculos actuales.
Izquierda Unida propuso la iniciativa al parlamento regional hace más de un año pero ayer, durante: el debate plenario, todos los partidos hicieron gala de una notable: capacidad autocrítica tardía al recordar que la Comunidad de Madrid ha tenido que cumplir 10 a...
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La Asamblea de Madrid aprobó ayer por unanimidad la Ley de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, de aplicación inmediata, que los interesados califican de "puntera" en España. La ley da un plazo de 12 meses a los municipios para que adapten sus normas y de 12 años a las administraciones para suprimir los obstáculos actuales.
Izquierda Unida propuso la iniciativa al parlamento regional hace más de un año pero ayer, durante: el debate plenario, todos los partidos hicieron gala de una notable: capacidad autocrítica tardía al recordar que la Comunidad de Madrid ha tenido que cumplir 10 años para que la idea se plasmase en una norma del mayor rango legal.El Gobierno regional madrileño, por tanto, no es el primero que emprende desde una autonomía la responsabilidad de regular esta faceta constitucional del derecho de igualdad para todos los ciudadanos. Cataluña, Navarra y Baleares ya disponen de este instrumento.
La ley madrileña fue aprobada ayer por los 101 diputados de la cámara regional y hace también la 101 de las ratificadas por la Asamblea de Madrid en sus 10 anos de existencia. Esta coincidencia de dígitos llevó a Rafael de Lorenzo, presidente de la Fundación ONCE y ponente socialista, a denominarla como "proyecto dálmata".
El proyecto ha sido consensuado entre todos los partidos, como demuestra el hecho de que se aceptasen el 90% de las enmiendas planteadas. Además, la ley es prolija porque lo regula prácticamente todo a lo largo de 46 artículos y una docena de disposiciones. La norma clasifica las barreras arquitectónicas en urbanísticas, de la edificación, en los transportes y en las comunicaciones sensoriales.
La ley se ha desarrollado ya hasta tal punto que especifica el ancho libre mínimo de los itinerarios peatonales (1,5 metros); las pendientes -transversales y longitudinales-; la altura máxima de los bordillos (14 centímetros); el diseño y trazado de las escaleras; las plazas a reservar en los aparcamientos (una por cada 50) y en los locales de espectáculos; la ubicación y forma de las señales de tráfico, semáforos y postes de iluminación, y la accesibilidad a los transportes (especialmente autobuses de plataforma baja y taxis) y a las construcciones públicas y privadas. Los artículos llegan a señalar el límite del borde inferior de los espejos en los aseos (0,80 metros).
Dirigentes de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), de la Federación Madrileña de Minusválidos Físicos y también la de Psíquicos, así como de la asociación nacional de sordos, se mostraron ayer especialmente benévolos con el texto. Lo etiquetaron, como "pionero" y también como "valiente y prudente".
En la Comunidad se calcula que hay alrededor de un millón de personas con problemas de movilidad (25% de la población), unos 200.000 minusválidos, 120 lesionados mentales nuevos al año, unos 25.000 con deficiencias psíquicas y unos 50.000 con limitaciones por sordera.
El ponente de la ley, Salvador Torrecilla, de IU, valoró entre los aspectos concretos que regula esta norma la necesidad de que las distintas administraciones se doten de recursos suficientes para eliminar las barreras existentes en la actualidad en un plazo máximo de 12 años. No se detallan presupuestos porque se reconoce inabarcable la magnitud del objetivo. La ley, no obstante, impide que a partir de ahora -entra en vigor 20 días después de su publicación mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid- se construya sin tener en cuenta sus exigencias.
Torrecilla calcula el coste del respeto a esta ley en un añadido del 0,5% en las nuevas construcciones. Rafael de Lorenzo propuso en este sentido que la Asamblea diese ejemplo de eliminación de obstáculos en las obras de la nueva sede.
La ley será aplicable Inmediatamente, aunque se concede a los municipios un periodo de 12 meses para que adapten sus ordenanzas internas. El capítulo de las sanciones, en cualquier caso, no va dirigido únicamente a las licencias que conceden los ayuntamientos. Los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores o ingenieros no podrán visar proyectos sin tener en cuenta las nuevas disposiciones. Las multas se elevan de 50.000 pesetas para infracciones leves hasta 50 millones para las muy graves. La recaudación engrosará un fondo especial que se habilita para la eliminación de barreras.