Un juzgado de Madrid investiga decenas de presuntas estafas realizadas por una firma que prestaba dinero

Un juez de Madrid investiga decenas de estafas presuntamente cometidas por una empresa que se dedicaba a prestar dinero a personas que tenían dificultades para obtenerlo de los bancos. Los tejemanejes de la empresa Comercial 25, radicada en Madrid, han dejado un buen reguero de damnificados. El abogado de 24 de las víctimas, Leonardo García, calcula que la supuesta, estafa podría ascender a los 5.000 millones de pesetas.

Entre los muchos afectados se encuentra un matrimonio madrileño que se quedó sin empleo y que, para subsistir, pidió a la firma un préstamo de casi tres millones. El ma...

Un juez de Madrid investiga decenas de estafas presuntamente cometidas por una empresa que se dedicaba a prestar dinero a personas que tenían dificultades para obtenerlo de los bancos. Los tejemanejes de la empresa Comercial 25, radicada en Madrid, han dejado un buen reguero de damnificados. El abogado de 24 de las víctimas, Leonardo García, calcula que la supuesta, estafa podría ascender a los 5.000 millones de pesetas.

Entre los muchos afectados se encuentra un matrimonio madrileño que se quedó sin empleo y que, para subsistir, pidió a la firma un préstamo de casi tres millones. El matrimonio tuvo que devolver casi el doble -con fuertes intereses- para evitar que le embargasen sus escasos bienes.Este matrimonio, que prefiere mantenerse en el anonimato, se sintió estafado y decidió acudir al juzgado de guardia. Allí se dio cuenta de que su caso era uno más de la larga lista de presuntos damnificados por Comercial 25, cuyo propietario es Agustín López de la Torre. Éste se encuentra en paradero desconocido y bajo orden de búsqueda y captura, según afirma García Suárez.

Además de López de la Torre, también están denunciados por estos hechos su esposa, Pilar García; su hermano, Maximino López de la Torre; Juan Hernández, gerente de la empresa; Santiago Montejano, jefe de cobros, y Manuel Muñoz Regidor, jefe del servicio de inversión, según afirma el abogado García Suárez. La sede social de Comercial 25 se encontraba, antes de su extinción oficial, en septiembre del año pasado, en la calle del Príncipe de Vergara, 15.

"El lugar no tenía nada de extraño", recuerda el matrimonio afectado. Los empleados tenían pinta de serios, y todo parecía normal". "Quien ponía el dinero no era Comercial 25, sino terceras personas (los inversores). En realidad, esta empresa actuaba de intermediaria, estafando a clientes y a inversores", detalla el letrado García Suárez.

Investigación paralizada

Hasta hace pocos días, al menos siete juzgados de Madrid tramitaban denuncias de presuntos perjudicados. En concreto, los juzgados de instrucción números 3, 13, 14, 24, 29 y 32. También se han abierto diligencias contra Comercial 25 en varias provincias españolas: Valencia, Toledo y Lanzarote, Sevilla, Las Palmas, Bilbao y Tenerife, entre otras.Al intervenir tantos juzgados, la investigación ha estado paralizada durante mucho tiempo, ya que los jueces se rebotaban unos a otros el asunto. Sus titulares se declaraban incompetentes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Ramón Rodríguez Jackson, decidió asumir hace unos días la investigación.

La presunta estafa es espectacular en Lanzarote. García Suárez, que defiende a 24 familias isleñas afectadas, se ha pasado un año luchando para que los jueces se pusieran de acuerdo y delegaran en uno de ellos la investigación. "Ya en julio pasado", señala este abogado, "les advertí que tenían que actuar rápidamente, para evitar que el denunciado huyera. Nadie me hizo caso, y De la Torre se largó".

Entre las víctimas de Lanzarote figura Juan Perdomo, productor de cine y amigo de Julio Iglesias. Perdomo atravesó dificultades económicas y pidió un préstamo de 150 millones de pesetas a Comercial 25, a un interés anual del 20% y a devolver en 10 años. "Cornercial 25 le hizo hipotecar todos sus bienes, luego vendió las obligaciones, se quedó con el dinero y desapareció", resume García Suárez, quien agrega: "Estamos ante un caso claro de apropiación indebida, falsedad, estafa y usura".

El juez Rodríguez Jackson tiene ahora sobre su mesa 3.000 folios en los que los afectados describen con detalle las fechorías cometidas contra ellos. En fuentes judiciales no se descarta que el magistrado opte por enviar el sumario a la Audiencia Nacional, tal como pretende García: "Quiero que esto se traslade de una vez al juzgado central y que los culpables vayan adonde deben ir, a la cárcel".