Las refineras españolas piden que se suprima el sistema de precios máximos de los carburantes

Las compañías refineras españolas -Repsol, CEPSA y BP Ofi España-, que tienen en torno al 93% del mercado español de gasolinas y gasóleos de automoción, han solicitado al Ministerio de Industria que suprima el sistema de precios máximos vigente en la actualidad. Su intención es poder fijar los precios de venta al público de los carburantes libremente sin que exista un techo legal determinado. Industria ha contestado que todavía "no hay la suficiente competencia para liberalizar los precios". Sin embargo, ha dado dos pasos a su favor para caminar en ese sentido.

Industiria, por un lado, ...

Las compañías refineras españolas -Repsol, CEPSA y BP Ofi España-, que tienen en torno al 93% del mercado español de gasolinas y gasóleos de automoción, han solicitado al Ministerio de Industria que suprima el sistema de precios máximos vigente en la actualidad. Su intención es poder fijar los precios de venta al público de los carburantes libremente sin que exista un techo legal determinado. Industria ha contestado que todavía "no hay la suficiente competencia para liberalizar los precios". Sin embargo, ha dado dos pasos a su favor para caminar en ese sentido.

Industiria, por un lado, tiene previsto reducir de 21 a 10 días el periodo que se toma para calcular el precio máximo y, por otro, permitir la total libertad de precios en la nueva gasolina sin plomo de 98 octanos. Las petroleras españolas, que heredaron el monopolio que tenía Campsa (ahora CLH) de la que son accionistas, sostienen que el sistema de precios máximos no permite llevar de forma inmediata a los precios de venta al público las alteraciones que sufre el mercado petrolero mundial y que ellas ven reflejadas en sus compras diarias. "Por ejemplo, en las distintas devaluaciones que ha habido en España, nosotros compramos el crudo más caro al día siguiente, pero no podemos llevar el encarecimiento al precio de venta al público hasta 21 días después", dice una fuente de estas empresas. Sin embargo, la devaluación permite que se revaloricen sus existencias compradas más baratas.Según esa fuente, "el Gobierno está protegiendo demasiado al consumidor con la fórmula (le precios máximos". "Lo que aseguramos", añade, "es que no dispararíamos los precios y no habría abuso. Hay que tener en cuenta que hay dos multinacionales acostumbradas a competir en otros mercados y una empresa pública con representantes del Gobierno".

Argumentos contestados

Estos argumentos son contestados desde la Administración y desde las multinacionales que operan en España y que no participan en las empresas españolas (caso de British Petroleum -en BP Oil- y de Elf, accionista de CEPSA). Fuentes de Industria han señalado que no se puede permitir la liberalización total "porque apenas existe competencia y es necesario que la haya para poder garantizar que: los precios no se disparen". Industria va a permitir únicamente los precios libres en la nueva gasolina sin plomo de 98 octanos, "ya que tiene sustitutorio, porque si los expendedores encarecen este producto, el consumidor tendrá oportunidad de volver a comprar la de 95 octanos, que también es sin plomo pero está regulada".Una fuente de una multinacional, por su parte, subraya que "la liberalización sería un error económico grave, ya que traería consigo, no sólo una fuerte elevación de los precios, sino también una diferencia de precios entre distintas zonas de Español, siendo superiores en las del interior que en las periféricas". Según esa fuente, "la diferencia de precios entre zonas podría dar lugar a una guerra comercial en las zonas de mayor competencia para evitar el acceso de nuevos competidores, financiando los precios bajos de un lado con los altos del otro, donde apenas tienen competencia [en el interior].

Este temor lo constatan las empresas españolas, que reconocen que "la liberalización tendría como efecto inmediato el aumento de precios en Madrid y en algunas provincias de las dos Castillas, así como en Baleares, y de bajada o mantenimiento en las zonas costeras, especialmente en la catalana". Es decir, sería más caro en las provincias que están lejanas de centros de almacenamiento o de refinerías y más barata en las que están cercanas. De hecho, en la actualidad, la compañía Repsol ya tiene diferencia de precios, aunque sea mínima, en sus estaciones de servicio según la provincia. La empresa pública decidió instaurar una política de precios de acuerdo al coste de distribución y a la competencia de las multinacionales.

De esta forma, ocurre que las provincias catalanas son las más baratas porque en el puerto de Barcelona existen tanques de almacenamiento -propiedad de Capesa- alternativos a los que controla Repsol a través de CLH (antigua Campsa). También es más barato en las provincias fronterizas, donde las multinacionales pueden importar el producto sin necesidad de hacerlo a través de CLH, a, la que acusan de mantener una política de precios del transporte privilegiada para sus accionistas y discriminatoria para las multinacionales.

Las multinacionales han logrado cuotas importantes de mercado en las ventas directas de gasóleo de calefacción, donde tienen el 18,8%, pero no así en gasolineras. Una de sus quejas tradicionales es que Ias empresas españolas mantienen indicios de comportamiento conscientemente- paralelo" en los precios de venta al público.