IU pide al juez que ordene pruebas caligráficas del quienes gestionaron el voto por correo del PP
La investigación judicial sobre el fraude del voto por correo en Madrid está llegando al formal del camino emprendido hace dos años por el juez encargado del caso, Rafael Mozo. Y antes de que su trabajo concluya para que se abra previsiblemente el juicio oral, Izquierda Unida -personada en la causa- ha anunciado que pedirá al magistrado una prueba caligráfica de las personas que gestionaron los sufragios postales en las últimas elecciones municipales. Se trata de averiguar si sus escrituras coinciden con las de quienes falsificaron la firma del notario en la tramitación de 3.400 votos.
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La investigación judicial sobre el fraude del voto por correo en Madrid está llegando al formal del camino emprendido hace dos años por el juez encargado del caso, Rafael Mozo. Y antes de que su trabajo concluya para que se abra previsiblemente el juicio oral, Izquierda Unida -personada en la causa- ha anunciado que pedirá al magistrado una prueba caligráfica de las personas que gestionaron los sufragios postales en las últimas elecciones municipales. Se trata de averiguar si sus escrituras coinciden con las de quienes falsificaron la firma del notario en la tramitación de 3.400 votos.
Los testimonios de electores que ha recogido el juez indican que, presuntamente, tres miembros del PP imitaron la firma del notario Alberto Ballarín y votaron en lugar de varios miles de personas (la cifra no ha sido precisada). Los representantes del partido les invitaron a delegar en ellos la tramitación del sufragio postal en las elecciones municipales de 1991, siguiendo los pasos previstos para las personas impedidas pese a que la mayoría de estos electores se encontraban perfectamente sanos. Y luego les pidieron que en lugar de su domicilio escribieran el de la sede del PP, a fin de que Correos les enviase allí el certificado censal y las papeletas. Cuando estos papeles llegaron a Génova 13 alguien introdujo la documentación, y los votos en los sobres y falsificó la firma del notario. También se falsificaron certificados médicos que avalaban la supuesta enfermedad del votante. Finalmente, los voto fueron enviados a las urnas desde la sede del PP.Ballarín ya testificó en 1991 -tras revisar los documentos de las diligencias- que su firma figura falsificada en más de 3.400 votos. También lo hizo, en parecidos términos, el médico Fernando Vicente, cuyo nombre y número de colegiado (el 96619) se empleó para el fraude. Izquierda Unida trata ahora de que, una vez probada la existencia de un delito de falsedad de documento público, se averigüe quién lo cometió. Hasta ahora han sido citadas a declarar como imputadas las personas que figuran en las diligencias en calidad de apoderados electorales del PP (María Antonia Astudillo, Ricardo Hurtado, Cayetano Mesa y María Asunción de la Peña).
Se rompe el secreto
La mayoría de los electores que han acudido ante el juez han testimoniado que, aunque no votaron pesonalmente, sí querían entregar su voto al PP. Por tanto, salvo algunos casos en que la suplantación se ha de mostrado total, la voluntad política del elector no parece conculcada generalmente. No obstante, IU entiende que el procedimiento empleado rompe la norma de que el voto es personal y secreto, y puede dar lugar a coacciones sobre los electores. Máxime si se trata de personas de avanzada edad que residen en asilos o centros religiosos (en la sentencia dictada en Palencia, se dio por probado que "personas demenciadas" hicieron el trámite del sufragio postal siguiendo las indicaciones de los miembros del PP).Izquierda Unida -representada por el abogado Juan Francisco Pla- pedirá también al juez que llame a declarar a algunas de las personas cuyo voto fue suplantado totalmente, entre ellas una religiosa -María de los Ángeles Lumbreras- y el presidente de mesa electoral Pablo Juste (quien vio atónito cómo le llegaba un voto por correo que él no había emitido, lo que permitió demostrar el fraude y reforzar la investigación).
No obstante, IU ha variado su estrategia en la instrucción del caso: en principio se dirigía a establecer la existencia de un delito electoral, pero el juicio de Palencia por un caso similar ha cambiado este criterio. El tribunal de la ciudad castellana declaró como hechos probados las irregularidades que relató el fiscal, pero -tras condenar moralmente a las dos militantes del PP procesadas- dictó sentencia absolutoria por entender que este delito concreto no estaba tipificado penalmente en el momento de ocurrir los hechos (después, y a raíz de estos casos, sí se especificó como tal).
El caso de Madrid, sin embargo, ofrece una característica diferente: se falsificó la firma del notario. [En Palencia, el fedatario asistió en los asilos al trámite inicial de solicitud de voto postal -sin certificar el estado mental de los electores-, y posteriormente se produjo la suplantación del votante. En Salamanca hubo igualmente una desviación irregular de votos y suplantación del eíector en sedes del PP, pero el juez consideró que se trataba de "errores" sin intención]. Por tanto, IU se encamina ahora a que se establezca judicialmente la falsedad del documento notarial, delito que sí está tipificado.
Negociaciones de PP
El partido Popular ha negado sistemáticamente que organizase las irregularidades en el sufragio postal. En los primeros momentos, Luis Eduardo Cortés, presidente del PP de Madrid, declaró que la denuncia era "una maniobra del PSOE y sus adláteres", y negó incluso la falsificación de la firma notarial. Recientemente, Alberto Ruiz Gallardón, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, declaró: "Yo sigo creyendo, como me han dicho en mi partido, que no se ha hecho nada irregular". Actualmente, los representantes del PP en la causa han dirigido sus pasos a que el juez investigue también los votos postales del PSOE.El supuesto fraude cometido en Madrid no tuvo repercusión -por 90 votos- en la adjudicación de concejalías, si se tiene en cuenta el número de falsificaciones reconocidas por Ballarín. En su denuncia inicial, el PSOE -que luego se retiró de la causa- cifró los votos irregulares en 10.000, lo que sí habría influido en la adjudicación de dos concejales (variaría la mayoría absoluta). No obstante, el Tribunal Superior convalidó los resultados de las elecciones.