Ruiz Gallardón dice que el concejal de Chamartín debería renunciar a sus actividades privadas

Alberto Ruiz Gallardón: "Hay cosas que son legales y a las que tenemos derecho, pero a las que debemos renunciar de forma rotunda". De esta manera contestó ayer el portavoz del Partido Popular en la Asamblea regional a una pregunta sobre el concejal de Chamartín, su compañero de partido Miguel Cantos, que explota un aparcamiento cuya construcción gestionó como presidente del distrito. Ruiz Gallardón acababa de anunciar una iniciativa parlamentaria sobre incompatibilidades de los altos cargos. El actual alcalde, José María Álvarez de] Manzano, actuó como patrono en la reunión de la Fundación As...

Alberto Ruiz Gallardón: "Hay cosas que son legales y a las que tenemos derecho, pero a las que debemos renunciar de forma rotunda". De esta manera contestó ayer el portavoz del Partido Popular en la Asamblea regional a una pregunta sobre el concejal de Chamartín, su compañero de partido Miguel Cantos, que explota un aparcamiento cuya construcción gestionó como presidente del distrito. Ruiz Gallardón acababa de anunciar una iniciativa parlamentaria sobre incompatibilidades de los altos cargos. El actual alcalde, José María Álvarez de] Manzano, actuó como patrono en la reunión de la Fundación Asilo de Santamarca que dio el visto bueno hace más de tres años para esta operación.

El líder del PP en la Comunidad de Madrid asegura que no puede hablarse de "responsabilidad legal" en la actuación de Cantos, pero en su opinión "un criterio de prudencia política debería hacernos reflexionar y separar la actividad privada con beneficios de las actividades públicas; en la duda, hay que renunciar al ejercicio de la actividad privada".Ruiz Gallardón considera que no hay discrepancias entre los criterios que mantiene el PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento. "Además" agregó, "en este caso no podemos hablar de que haya beneficios por actividades privadas". Sin embargo, el portavoz popular aseguró que a él -abogado en ejercicio y fiscal en excedencia- no se le ocurría nunca llevar en su despacho un caso jurídico para una empresa pública de la Comunidad.

El grupo municipal de Izquierda Unida insistió ayer en cuestionar el comportamiento ético y estético de Cantos. Paco Herrera, portavoz de IU, observa en este caso indicios de un delito porque Cantos ha podido infringir la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que impide a los miembros de las corporaciones tener intereses personales en asuntos en los que participen como consecuencia de su puesto político.

IU pensaba presentar en la noche de ayer, en un pleno de la Junta de Chamartín, una iniciativa para condenar la actuación del concejal. Cantos no lo permitió y no la incluyó en el orden del día. El edil del PP adujo que el pleno de la Junta "es incompetente para tratar asuntos que no le son propios o expresamente delegados". IU optó por pedir la dimisión del concejal al final de la sesión, en el capítulo de ruegos y preguntas. En ese momento, cerca de la mitad de los 200 asistentes al pleno gritaron: "Cantos, dimisión". El presidente levantó la sesión y salió del pleno entre insultos de "chorizo y fascista".

El comunicado oficial del equipo de gobierno transmitió una contestación del primer teniente de alcalde, Luis María Huete: "La opinión pública madrileña puede tener la seguridad de que el concejal ha actuado en la más completa legalidad". Cantos añadió: "Yo he hecho una compraventa perfectamente legal con otra empresa privada. Tengo la conciencia tranquila. Mi sentido moral y mi formación no me permiten hacer una cosa ilegal ni mucho menos atacar el honor de alguien, como están intentando hacer conmigo".

La decisión del concejal Cantos de levantar el pleno, impidió a Jorge Gómez, edil socialista en la Junta de Chamartín, arremeter directamente contra el actual alcalde, José María Álvarez del Manzano. Según Gómez, Álvarez del Manzano acudió, en representación del entonces alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, como patrono de la Fundación Asilo Santamarca a la reunión que acordó el 10 de noviembre de 1989 impulsar esta actuación. Fuentes de la fundación confirmaron esta asistencia.

En aquella cita se informó a los patronos de la intención de renunciar a la indemnización correspondiente por la expropiación de una finca de 1.850 metros cuadrados para el Plan General de Ordenación Urbana de 1985 a cambio de que el Ayuntamiento concediese la licencia para un aparcamiento.

La renuncia económica de la fundación ablandó la oposición al aparcamiento de la Gerencia de Urbanismo, que reclamaba dos entradas y dos salidas. Esta exigencia se cumplió al permitir el municipio que la entrada de la calle de Pradillo se proyectase bajo un jardín.

El dinero conseguido con la construcción de este estacionamiento -400 millones que la empresa Alrevisa entregó a la fundación- sirvió para rehabilitar el interior del inmueble.