Zorkin, el 'superjuez' metido en política
Valeri Zorkin, presidente del Tribunal Constitucional, es hoy una de las personas más criticadas en Rusia. Y no sólo por los partidarios de Borís Yeltsin, sino también por aquellos que ponen el cumplimiento de la ley por encima de todas las cosas. Zorkin, desde diciembre del año pasado, ha entrado en la lucha política, algo contrario a su calidad de juez del Constitucional.Ya en diciembre, al final del VII Congreso de los Diputados, aceptó y avaló una decisión anticonstitucional. El acuerdo por el cual se congelaban varios artículos de la ley fundamental del Estado se aprobó por mayoría simple...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Valeri Zorkin, presidente del Tribunal Constitucional, es hoy una de las personas más criticadas en Rusia. Y no sólo por los partidarios de Borís Yeltsin, sino también por aquellos que ponen el cumplimiento de la ley por encima de todas las cosas. Zorkin, desde diciembre del año pasado, ha entrado en la lucha política, algo contrario a su calidad de juez del Constitucional.Ya en diciembre, al final del VII Congreso de los Diputados, aceptó y avaló una decisión anticonstitucional. El acuerdo por el cual se congelaban varios artículos de la ley fundamental del Estado se aprobó por mayoría simple, en lugar de con los dos tercios que estipula la Constitución. Cuando Víktor Aksiuchits, líder democristiano, se lo hizo notar, respondió: "Si usted plantea así las cosas, no necesita una Rusia grande, sino grandes cataclismos".
Después de aquel Congreso casi no ha habido semana en la que Zorkin no saliera con alguna declaración política. Primero se pronunció contra el referéndum del 11 de abril, contemplado en el acuerdo que él mismo había avalado. Luego manifestó que había que celebrar elecciones simultáneas de diputados y presidente, a pesar de que el periodo de Yeltsin termina una año después que el de los parlamentarios.
En la actual crisis, Zorkin se apresuró a tomar partido por el Parlamento y a condenar un documento que ni siquiera había visto. Con su decisión de ayer, el Constitucional violó una serie de puntos de la ley que regula sus actividades. Examinó un acto político: el mensaje de Yeltsin, no el decreto. Además, la decisión debe ser tomada en sesión abierta y tras escuchar las explicaciones del funcionario implicado en el caso y a los participantes en el juicio hay que citarlos con 10 días de anticipación. Todo ello, permitirá a Yeltsin decir que la resolución del tribunal es ilegal.