Pistoleros

ESE "COMANDO" único al que, según se dice, ha quedado reducida la estructura operativa de ETA tras los golpes policiales asestados en el último año a ambos lados de los Pirineos, ha vuelto a matar en San Sebastián. Dos de sus pistoleros acribillaron el vehículo de dos guardias civiles, abatiendo a uno de ellos e hiriendo gravemente al otro, con la misma cobardía con la que, dos meses atrás y en la misma ciudad, asesinaron al funcionario de prisiones José Ramón Domínguez y al empresario donostiarra José Antonio Santamaría. Los jueces del tribunal de París que juzgan al pistolero etarra Francisc...

ESE "COMANDO" único al que, según se dice, ha quedado reducida la estructura operativa de ETA tras los golpes policiales asestados en el último año a ambos lados de los Pirineos, ha vuelto a matar en San Sebastián. Dos de sus pistoleros acribillaron el vehículo de dos guardias civiles, abatiendo a uno de ellos e hiriendo gravemente al otro, con la misma cobardía con la que, dos meses atrás y en la misma ciudad, asesinaron al funcionario de prisiones José Ramón Domínguez y al empresario donostiarra José Antonio Santamaría. Los jueces del tribunal de París que juzgan al pistolero etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito, tienen una prueba evidente y directa de los métodos con, que actúan los correligionarios de quienes tratan de justificar sus crímenes alegando la especie de que en la. democracia española impera la tortura.Casi al tiempo que ETA mataba en San Sebastián, un portavoz de KAS justificaba en Bilbao la necesidad de la lucha armada frente a la cerrazón del Estado a negociar. La única cerrazón es la de quienes, ajenos a lo que ocurre a su alrededor, persisten en la. creencia de que las armas les dan derecho a imponer su voluntad a los representantes del pueblo. Crímenes como los citados fortalecen aún más el legítimo derecho de la sociedad y el Estado a no ceder al chantaje.

En este sentido, la reciente reunión en Madrid de los partidos del bloque antiviolencia ha servido para. poner las cosas en su sitio en lo referente a la reinserción de los violentos. Según se hacen visibles los signos de la derrota de ETA han surgido algunas dudas en el bloque democrático sobre el mejor momento y el alcance de la reinserción. En la reunión de Madrid la cuestión ha sido reconducida a los términos establecidos en el Pacto de Ajuria-Enea en el sentido de que las vías de reinserción deben ofrecerse a "aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en todo caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado". Se sale al paso de interpretaciones de la reinserción como algo que los terroristas tienen ganado de antemano, con lo que, inconscientemente, se les estaría invitando a exigir algo más para dejar de matar.

También está a prueba de interpretación en el juicio de París contra la cúpula de ETA otro de los pilares de la lucha contra el terrorismo: la colaboración internacional de los Gobiernos y jueces. La petición de la defensa de los etarras de que comparezca como testigo Henri Parot, jefe del comando itinerante condenado y preso en España, ha tenido quizá una respuesta precipitada por parte del tribunal francés. La finalidad dilatoria de la maniobra salta a la vista, pero el deseo de desactivarla no debería haber llevado al tribunal a admitir la petición si no está suficientemente fundamentada. Y es más que dudoso que lo esté: ¿qué interés procesal puede tener la presencia física de Parot en el juicio de París cuando sus declaraciones constan en el proceso mediante las correspondientes comisiones rogatorias? Además, el requerimiento del tribunal de París no constituye, de momento, una práctica recíproca en los mecanismos de auxilio judicial entre España y Francia, quizá porque se considera que la declaración del testigo es plenamente válida si se presta ante el juez del respectivo país que instruye el proceso. Es lo que vienen haciendo los jueces españoles y franceses que actúan contra el terrorismo. Y nadie ha considerado que con ello se atente contra las garantías del proceso y los derechos del acusado.