El Plan Hidrológico no se verá y en el Congreso en esta legislatura por la oposición de 5 ministros

El Gobierno ha retirado del Plan Hidrológico Nacional el apartado donde figura el régimen económico, debido a la oposición del Ministerio de Industria. Las compañías hidroeléctricas han advertido que la aplicación del canon de uso de agua les supondría una carga de 80.000 millones de pesetas anuales, que repercutirían en el recibo de la luz. Esta y otras alegaciones al plan desde el PSOE y los ministerios de Agricultura, Economía, Interior y Administraciones Públicas han influido en que su tramitación parlamentaria se relegue para otra ocasión que no coincida con una etapa preelectoral tan ten...

El Gobierno ha retirado del Plan Hidrológico Nacional el apartado donde figura el régimen económico, debido a la oposición del Ministerio de Industria. Las compañías hidroeléctricas han advertido que la aplicación del canon de uso de agua les supondría una carga de 80.000 millones de pesetas anuales, que repercutirían en el recibo de la luz. Esta y otras alegaciones al plan desde el PSOE y los ministerios de Agricultura, Economía, Interior y Administraciones Públicas han influido en que su tramitación parlamentaria se relegue para otra ocasión que no coincida con una etapa preelectoral tan tensa como la que se vive ahora.

Los dos meses que el Gobierno se dio para estudiar el Plan Hidrológico Nacional no han pasado en vano. El plan será aprobado en el próximo Consejo de Ministros si las previsiones se cumplen, pero quedará desprovisto de una de sus partes fundamentales, la referida a su régimen de financiación, según han confirmado fuentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.Expertos en hidrología conocedores del texto afirman que, a este paso, los recortes al plan hasta que se presente a las Cortes para su tramitación lo van a dejar descafeinado. "Si se limita su capacidad de autofinanciación, se coartan las posibilidades de desarrollo del propio plan, se resquebraja su operatividad. Eso es como ponerlo en marcha con el freno puesto", afirma un ingeniero.

Fuentes cercanas al MOPT señalan que la imagen de apoyo unánime al plan desde todas las federaciones regionales del PSOE no es tan sólida como se ha transmitido a la opinión pública. Con todo, no es éste el principal tropiezo.

Antes de convertirse en proyecto de ley, su capítulo financiero ya sufrió una modificación sustancial, justificada porque la redacción original recogía un sistema harto complejo para elaborar las facturas de los distintos tipos de usuarios. Este sistema se simplificó en la última redacción que llegó al Consejo de Ministros, pero no ha sido suficiente.

Las alegaciones que las compañías hidroeléctricas y el Ministerio de Industria hacen al plan se dirigen directamente a uno de los fundamentos que sostiene el texto jurídico: el canon por uso del agua. Si este recurso básico de dominio público es escaso en España y cuesta muy caro trasladarlo y tratarlo allí donde haga falta, está justificado, en opinión de la Administración, que el coste de esa disponibilidad recaiga en parte sobre quien obtiene un beneficio económico por usarlo (madereros de las riberas de los ríos, saltos hidroeléctricos, piscifactorías, refrigeración de centrales nucleares, graveras, regadíos ... ).

La diputada Loyola del Palacio, encargada por el PP para el tema del agua, se opone a este razonamiento y argumenta que quien usa el agua sin que la Administración se gaste un solo duro en la operación no debe pagar por ese concepto.

Las tasas más altas

Las compañías eléctricas, ninguna de las cuales se ha querido manifestar públicamente sobre cuestión, no discuten. Han echo cálculos y los han puesto sobre la mesa: serían 80.000 millones de pesetas anuales de sobrecoste en la producción de energía eléctrica, según fuentes de Industria. Nunca habían pagado por la materia prima que mueve las turbinas. Si el plan les obliga a hacerlo, repercutirá en el recibo de la luz, y eso choca con la política del ministerio, empeñado en reducir las tarifas españolas, ya que están entre las más elevadas de Europa.Las alegaciones económicas, con ser las más importantes, no son las únicas. Las del Instituto Tecnológico Geominero de España sobre aguas subterráneas llenan casi cien páginas; el Ministerio de Agricultura ha propuesto las suyas; el de Interior no comparte el sistema arbitrado para la policía del agua y el de Administraciones Públicas tiene propuestas alternativas sobre el modelo jurídico-institucional con que se puede dotar a las confederaciones hidrológicas de cada cuenca para que operen como organismos autónomos.

El hermetismo con que se tramitan estas alegaciones es absoluto. Militantes del PSOE recuerdan que la ley de aguas se consensuó antes y durante el debate ideológico de una ley que incluyó las aguas subterráneas. En el caso del Plan Hidrológico el debate no es ideológico, razón de más, dicen, para que se hubiera consensuado antes de llegar al Consejo de Ministros.