La Policía cree que detectives a sueldo de un ultraderechista siguen al juez Garzón

La agencia de detectives privados de un conocido ultraderechista, relacionado con la matanza de los abogados laboralistas de la hace unos días el juez Baltasar Garzón, según fuentes poficiales. El juez Garzón recibió hace una semana un aviso de que estaba siendo vigilado.La policía trabaja también, en relación con el mismo hecho, con otras dos hipótesis, según las cuales existen indicios de participación en las vigilancias al magistrado de otras tantas agencias de detectives, ambas vinculadas a ex miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las mismas fuentes no descartan que dos d...

La agencia de detectives privados de un conocido ultraderechista, relacionado con la matanza de los abogados laboralistas de la hace unos días el juez Baltasar Garzón, según fuentes poficiales. El juez Garzón recibió hace una semana un aviso de que estaba siendo vigilado.La policía trabaja también, en relación con el mismo hecho, con otras dos hipótesis, según las cuales existen indicios de participación en las vigilancias al magistrado de otras tantas agencias de detectives, ambas vinculadas a ex miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las mismas fuentes no descartan que dos de estas agencias hayan coincidido en el objetivo, y que el trabajo haya sido encargado por separado por el multimillonario y traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, al que Garzón ha acusado de financiar y suministrar las armas del secuestro del transatlántico Aquille Lauro, en 1985, y por el clan de amistades de uno de los más conocidos procesados en el narcotráfico gallego.

Y es que Garzón es probablemente una de las personas cuya actuación profesional le ha acarreado el mayor número de enemigos peligrosos. Desde su investigación de las tramas negras de los GAL, pasando por la desarticulación de las redes del narcotráfico gallego en la Operación Mago, las implicaciones en blanqueo de la familia política del presidente argentino Carlos Menem, la persecución y procesamiento de los dirigentes de las sucesivas cúpulas de ETA, hasta el terrorismo árabe internacional de Abu Abbas y el suministro de armas de Monzer Al Kassar, todos tienen cuentas pendientes con el magistrado.

Garzón ha combatido también las tramas de la ultraderecha que causaron la muerte al diputado de HB Josu Muguruza y ha provocado la completa reestructuración de la unidad antidroga de la Guardia Civil, algunos de cuyos miembros estaban implicados en el pago con droga a confidentes e incluso en la importación ilegal de estupefacientes.

Los ataques para apartarle de los casos que investiga en la Audiencia Nacional han sido muchos y variados. El primero, a raíz de encarcelar a los policías José Amedo y Michel Domínguez, consistió en campañas en prensa en la que se le acusaba de no poner tanto empeño en perseguir los crímenes de ETA como en desenredar la madeja de la guerra sucia. Esta campaña que se ha reproducido tras las detenciones de los guardias civiles de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) que pagaban con droga a confidentes.

Notas manuscritas

Los abogados de Al Kassar tampoco han sido ajenos al acoso sufrido por Baltasar Garzón. La última ofensiva ha venido en forma de denuncias al fiscal del Estado por supuestas irregularidades presuntamente atribuidas a Garzón. Los abogados de Al Kassar le han acusado, aunque con escaso éxito, de prevaricación y falsedad valiéndose de notas manuscritas que el magistrado afirma le han sido sustraídas. Los letrados aseguran que los documentos les han sido remitidos de forma anónima por un supuesto Duende del Portón que también les ha anunciado que tiene más documentos.

Otra denuncia que acaba de ser presentada en la Fiscalía del Tribunal Supremo, procede de cinco abogados defensores de guardias civiles de la UCIFA procesados por pagar con droga a delincuentes. Los letrados señalan esta vez que Garzón presionó a varios de los implicados, entre ellos los guardias Félix Molina, Antonio López Segura, Pedro Nieto y Juan Carlos Vega, para que cambiasen sus declaraciones y acusasen a sus compañeros.

Las formas de asedio han sido variadas y los narcotraficantes, con medios casi ilimitados, son los que más han colaborado en el objetivo de hundir a Garzón. Debido a las operaciones montadas contra él, el juez ha tenido que adoptar cautelas especiales.

Una de las veces, a raíz de la intervención de un teléfono del presunto narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, la policía escuchó una conversación entre Miñanco y uno de sus hombres en el que comentaban que Garzón había adquirido una casa de 70 millones de pesetas y que el dinero procedía "del sitio que sabemo".

Notificado el hecho a Garzón, éste, en previsión de que alguien preparase alguna maniobra contra él e ingresase en u cuenta sin su conocimiento grandes sumas de dinero de origen desconocido para después poder acusarle de connivencia con el narcotráfico, comunicó la situación al Consejo Superior Bancario. Igualmente solicitó que no se admitiera ningún ingreso en sus cuentas corrientes que no fueran los normales.

Garzón vivió otra situación dificil cuando un recluso de la prisión de Alcalá Meco denunció que el narco colombiano Alberto Vargas Vera, detenido en la segunda parte de la Operación Mago, preparaba desde la cárcel un compló para eliminarle. Al poco tiempo, la sección tercera de la Audiencia Nacional, la misma que acaba de absolver a Ricardo Sáenz de Ynestrillas del asesinato de Muguruza, puso en libertad al colombiano.